Un empleado público de Santa Cruz tiene dos sueldos. En mayo, su banco provincial le debitó los dos completos. Saldo final en la cuenta: cero pesos. Sin un peso para comer, pagar el alquiler, o cargar nafta.
No fue un error. Fue el débito automático de la cuota del préstamo y el pago mínimo de la tarjeta de crédito. Dos productos del mismo banco donde le acreditan el sueldo. Eso se llama banco cautivo: la misma entidad que te paga te cobra, y vos no podés escapar.
El banco le ofrece ahora una “solución”: un préstamo de consolidación por 40 millones de pesos, en 60 cuotas de 1.820.000 pesos. El 70% de su sueldo durante cinco años. Lo que el banco llama solución, la ley llama trampa.
Porque hay algo que el banco no le dice: lo que hizo en mayo es ilegal.
La inembargabilidad de los haberes está protegida por ley. Ningún acreedor —ni siquiera el banco donde te depositan el sueldo— puede afectar más del 30% de tu salario neto sin orden judicial expresa. Un débito automático pactado en un contrato no es una orden judicial. Es una cláusula abusiva, y la Ley 24.240 la declara nula de pleno derecho.
Encima, la tarjeta Mastercard Black tiene un Costo Financiero Total Efectivo Anual con IVA del 363%. Con esa tasa, la deuda crece más rápido de lo que cualquier empleado puede pagar. El sistema está diseñado para que no salgas nunca.
La ley tiene herramientas para frenar esto: impugnar el saldo, exigir la devolución del excedente debitado, y negociar una cuota que no supere el 30% del ingreso. Pero primero hay que saber que se puede.
Si el banco provincial donde cobrás el sueldo te dejó sin un peso, no firmés nada. Impugná primero.
Mario Vadillo
Abogado | Defensa del Consumidor
