Una ordenanza municipal convirtió la boleta de la luz en una caja recaudadora para financiar un sistema de “prevención” que no mitiga, no rinde cuentas y se sigue cobrando aun después del desastre. El problema no es el clima: es político.
El granizo que volvió a golpear el sur mendocino no fue una fatalidad imprevisible ni una rareza climática. Fue, otra vez, la consecuencia visible de decisiones políticas concretas: sostener un sistema ineficaz y financiarlo del peor modo posible, escondiendo un impuesto municipal en la boleta de la luz.
No es una discusión teórica. Es un dato normativo.
En 2024, el Concejo Deliberante de San Rafael sancionó la Ordenanza Municipal N.º 15.007, mediante la cual se habilitó el cobro de un tributo municipal incorporado directamente en la factura del servicio eléctrico a través de la distribuidora, bajo la figura de “uso y ocupación del espacio del dominio público”. El mecanismo es simple y contundente: Ordenanza Municipal N.º 15.007
No se trata de una contribución voluntaria ni de una tasa optativa. Es un cargo obligatorio, incluido en un servicio esencial que el usuario no puede dejar de pagar. En los hechos, un impuesto municipal encubierto, que no fue presentado ni debatido como tal ante la ciudadanía.
Lejos de revisar este esquema, el municipio lo ratificó y consolidó. A fines de 2024 se aprobó la Ordenanza N.º 15.215 (Ordenanza Tarifaria 2025), que mantuvo vigente durante todo ese ejercicio el cobro del cargo incorporado a la boleta de la luz, esquema que se proyecta hacia el período siguiente a través de la normativa tributaria municipal, aun cuando el sistema no mitigue daños ni existan resultados verificables.
Cobrar siempre, responder nunca
Desde el punto de vista jurídico, el esquema es endeble. Para que una tasa municipal sea válida debe existir un servicio efectivo, individualizable y proporcional al beneficio recibido por quien paga. Nada de eso ocurre acá. El vecino urbano paga aunque no produzca, el comerciante paga aunque no tenga una sola planta de vid, el jubilado paga aunque no reciba ningún beneficio directo.
La última tormenta lo dejó en evidencia: el sistema no mitigó el daño. Sin embargo, la tasa se cobra igual. Las ordenanzas no exigen metas de eficacia, no prevén auditorías técnicas independientes ni establecen mecanismos automáticos de revisión cuando el sistema falla. Se paga “por las dudas”. Se paga por miedo. Eso no es prevención: es recaudación.
Vaciamiento técnico y relato oficial
A la distorsión tributaria se suma el deterioro operativo. Pilotos con experiencia específica —históricamente vinculados a operadores especializados— fueron desplazados tras los cambios introducidos en el sistema, y la operación quedó en manos de esquemas más precarios, con menor capacidad técnica y mayor improvisación.
La lucha antigranizo no admite atajos ni relatos. Requiere formación específica, experiencia acumulada y coordinación compleja. Todo eso fue degradado mientras las ordenanzas aseguran que la plata siga entrando. Luego del desastre, el discurso oficial intenta minimizar lo evidente con explicaciones que Ordenanza Municipal N.º 15.007.
La indignación que crece
En San Rafael ya no se discute el granizo. Se discute algo más profundo: la sensación extendida de que el municipio cobra por un servicio que no presta. Vecinos comunes, que pagan la luz todos los meses, sienten que aportan obligatoriamente a un sistema que, cuando más se lo necesita, no responde.
No piden milagros meteorológicos. Piden algo mucho más básico: que no les cobren por algo que no funciona. Que se explique cuántos vuelos hubo, cuántas bengalas se usaron, quiénes las operaron, cuánto costó todo y por qué, aun después del desastre, la tasa sigue apareciendo intacta en la boleta.
Responsabilidades políticas que no se pueden esquivar
No alcanza con culpar al clima ni con mirar a la provincia. El municipio eligió este modelo. Eligió financiarlo con cargos ocultos. Eligió no pagarlo con su propio presupuesto ni discutirlo como impuesto municipal explícito. Y hoy, frente al daño, vuelve a quedar expuesto.
San Rafael no necesita más relatos ni más miedo administrado. Necesita dirigentes que entiendan algo elemental: no se puede cobrar eternamente por un sistema que no funciona. Si la lucha antigranizo es una política estratégica, debe financiarse con recursos municipales y con control público real. Si no lo es, debe revisarse o abandonarse.
Cobrar siempre y responder nunca no es una política pública. Es una forma de gobernar. Y en San Rafael, ya quedó expuesta.
