Mientras la Patagonia arde, el Gobierno nacional insiste en presentar los incendios como un fenómeno natural, casi inevitable. El fuego aparece explicado por el clima, el viento o la imprudencia individual. Lo que no aparece en el discurso oficial es lo central: las decisiones políticas y presupuestarias que debilitaron la capacidad del Estado para prevenir y combatir incendios.
No hubo sorpresa. La temporada estaba anunciada. Sequía prolongada, altas temperaturas y acumulación de material combustible eran parte del diagnóstico desde meses antes. Lo que faltó fue un Estado preparado. Y eso no es casualidad: es el resultado directo del ajuste.
El desfinanciamiento que se ve cuando el fuego avanza
El Servicio Nacional de Manejo del Fuego llegó a esta temporada debilitado. Los números son claros y no admiten interpretación ideológica.
En 2024, el organismo ejecutó menos del 60 % del presupuesto asignado. En 2025, la ejecución cayó por debajo del 50 %. Para 2026, el presupuesto proyectado implica una reducción real superior al 50 % respecto de 2023, medida en términos reales. No es eficiencia: es vaciamiento operativo.
Ese recorte se traduce en hechos concretos. Menos brigadistas. Menos bases activas. Menos aviones hidrantes operativos —de un promedio histórico de entre 10 y 12 unidades se pasó a menos de 6—. Cobertura territorial fragmentada y dependencia casi exclusiva de provincias y bomberos voluntarios, muchas veces sin equipamiento suficiente.
Cuando el fuego se descontrola en Chubut, Río Negro o Neuquén, no es solo por el clima. Es porque la capacidad de respuesta fue recortada antes de que apareciera el primer foco.
La motosierra como error económico
Recortar prevención y combate del fuego tampoco es una decisión racional desde el punto de vista económico. Aplicar la motosierra sobre políticas que evitan incendios es una de las formas más caras de “ahorrar”.
Cada peso que se deja de invertir en prevención se multiplica luego en costos de emergencia, reconstrucción, pérdida productiva y gasto público posterior. Un incendio forestal no solo quema árboles: destruye suelo, infraestructura, viviendas, rutas, economías regionales y valor inmobiliario. Afecta el turismo, la producción agropecuaria, el abastecimiento de agua y la salud pública.
Desde una lógica estrictamente económica, la prevención es una inversión con retorno alto. Mantener brigadas, bases y monitoreo permanente cuesta infinitamente menos que apagar incendios fuera de control y enfrentar años de pérdidas acumuladas. No es gasto improductivo: es protección del capital natural y del capital económico.
Cuando el Estado retira esa inversión básica, no libera la economía. La expone a pérdidas mayores. El ajuste ambiental no reduce costos sistémicos: los traslada y los amplifica.
El anuncio que agrava el riesgo
A este cuadro se suma un agravante decisivo: el Gobierno nacional anunció que avanzará en la modificación de la Ley de Manejo del Fuego para eliminar la prohibición de cambiar la actividad productiva de las tierras incendiadas. Esa regla funcionaba como un desincentivo básico a la especulación: incendiar no habilitaba negocios.
El solo anuncio altera los incentivos. Con menos prevención y la señal política de que el incendio dejará de tener consecuencias legales, el fuego deja de ser solo un fenómeno natural y pasa a quedar ligado a decisiones políticas. Esto no prueba intencionalidad en cada foco, pero sí modifica el sistema de incentivos en un contexto de sequía, control estatal debilitado y alto valor económico del suelo.
Del fuego al agua: la misma lógica de ajuste
Este retroceso no se limita a los incendios. Responde a una matriz más amplia: el ambiente entendido como obstáculo y no como política pública. Esa lógica se expresa con nitidez en el intento del Gobierno nacional de flexibilizar la Ley de Glaciares.
La Ley 26.639 no es un capricho ambientalista. Es una norma de presupuestos mínimos, dictada en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, para proteger glaciares y ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce. Debilitarla no es una discusión técnica: es una decisión política que favorece intereses extractivos en zonas que deberían estar fuera de toda negociación.
Mendoza: cuando tocar los glaciares es tocar el agua
En Mendoza, este debate no es abstracto. Es concreto y urgente. La provincia atraviesa una sequía estructural. El sistema hídrico mendocino depende de la acumulación nival y glaciar que regula los caudales de ríos y cuencas. Sin esa regulación, no hay producción, no hay consumo humano garantizado y no hay futuro posible.
Por eso, flexibilizar la Ley de Glaciares implica comprometer directamente el abastecimiento de agua, hoy y mañana. No es desarrollo: es trasladar el costo ambiental e hídrico a las próximas generaciones.
Desde el punto de vista jurídico, la maniobra es aún más grave. Debilitar los presupuestos mínimos ambientales viola el artículo 41 de la Constitución, que prohíbe la regresión ambiental y obliga al Estado nacional a garantizar un piso de protección uniforme en todo el país. Delegar esa protección a decisiones políticas provinciales no es federalismo: es renuncia del Estado nacional a su deber constitucional.
Incendios hoy, costos mañana
El problema de fondo no es la libertad económica. Es confundir libertad con destrucción de los recursos que hacen posible la economía. Ningún modelo serio de desarrollo —ni siquiera el más liberal— puede sostenerse sobre la quema de bosques nativos o la intervención extractiva en zonas glaciares y periglaciares.
Quemar un bosque para cambiar el uso del suelo o habilitar megaminería donde se regulan las reservas de agua no genera riqueza neta. Produce ganancias puntuales y concentradas, pero deja costos económicos mucho mayores y permanentes: pérdida de regulación hídrica, erosión, menor productividad futura, conflictos sociales y gasto público creciente para reparar daños irreversibles.
Y hay una contradicción adicional que el Gobierno no explica. Argentina dice querer ingresar a la OCDE, pero aplica políticas que van en sentido contrario a sus propios criterios. Para la OCDE, la prevención ambiental es inversión con retorno positivo, la degradación de recursos naturales reduce la productividad futura y el aumento del riesgo sistémico ahuyenta inversiones de largo plazo. Desfinanciar el manejo del fuego, relativizar las consecuencias del incendio o debilitar la protección del agua no acerca a la Argentina a la OCDE: la aleja.
La libertad económica no consiste en arrasar el capital natural que sostiene la producción, sino en protegerlo para que el mercado funcione en el tiempo. Si el país quiere jugar en las grandes ligas, tendrá que entender una regla básica: sin ambiente no hay economía, y sin reglas no hay desarrollo.