Las casas modulares están de moda. Esta semana, Sitio Andino publicó que una empresa mendocina ya vendió más de 120 módulos importados desde China — monoambientes desde $15,5 millones, casas de 40 metros desde $25 millones — y tiene siete u ocho contenedores más en camino. El metro cuadrado ronda los $600.000, la mitad que la construcción tradicional. Se montan en horas. Se pueden trasladar. Vienen con instalación eléctrica, doble vidrio hermético y terminaciones completas.
Es una buena noticia. Y es, también, una confirmación tardía de algo que ya planteamos.
La propuesta que hicimos
Durante la campaña a gobernador propusimos exactamente esto: vivienda modular accesible para Mendoza. La diferencia era una: no queríamos importarla desde China. Queríamos fabricarla acá.
Mendoza tiene industria metalmecánica, tiene mano de obra calificada, tiene empresas con capacidad para producir paneles tipo sándwich, perfilería estructural y aberturas de aluminio. Todo lo que hoy viene en un contenedor desde el otro lado del mundo podría salir de una planta en el Gran Mendoza, en el Valle de Uco o en San Rafael. Con trabajo mendocino. Con valor agregado provincial. Con la posibilidad de exportar al resto del país y a Chile.
La apertura importadora que hoy permite que lleguen estos módulos desde China es la misma que podría haber financiado una industria local si hubiera existido política pública para desarrollarla. No existió.
Lo que el mercado confirma
El éxito de la empresa que importa y vende estos módulos demuestra que la demanda existe y es real. Hay mendocinos que no pueden pagar un alquiler y tampoco pueden acceder a un crédito hipotecario tradicional. Hay familias que necesitan una solución habitacional rápida, digna y económica. El mercado encontró una respuesta. El Estado provincial, no.
La construcción tradicional cuesta $1.404.375 el metro cuadrado según el Centro de Ingenieros de Mendoza. La construcción modular importada desde China cuesta $600.000. La brecha es enorme y la gente lo sabe. Por eso se venden solos.
Lo que falta
El propio vendedor lo admite: los módulos necesitan el acompañamiento de los municipios para regularizarse urbanísticamente. Hay intendentes que todavía no saben cómo encuadrar estos productos en sus códigos de edificación. Hay bancos que no financian estructuras no convencionales. Hay un vacío regulatorio que el Estado podría llenar con criterio o ignorar hasta que el problema se resuelva solo — mal y tarde.
Mendoza podría haber sido productora. Hoy es compradora. La diferencia entre una cosa y la otra es política industrial, y esa conversación en la provincia todavía no empezó.
