El 31 de enero de 2026, la tormenta más intensa que Mendoza vivió en tres décadas le entró por el techo a María de los Ángeles Avendaño Pereira. El agua llegó hasta la mitad de su casa. Empapó todo. No dejó nada seco. Su hijo Cristian tiene cuatro discapacidades certificadas al 90%. Esa madrugada, sin techo impermeable, sin agua potable, sin poder salir, la familia no tenía adónde ir.
Cuatro meses después, nada cambió.
La respuesta del municipio fue la de siempre: un bolsón de mercadería, un nailon. Y la misma frase de siempre: “Son terrenos fiscales.” Como si esa clasificación catastral suspendiera las obligaciones del Estado hacia familias con chicos, ancianos y personas con discapacidad que llevan años viviendo sin cloacas, sin agua potable y con techos de cartón prensado que no resisten una lluvia fuerte.
Mientras el barrio Los Valientes de David espera, los doce concejales de Guaymallén cobran cada uno $4.300.000 netos por mes. El presupuesto anual solo para sus dietas es de $280 millones. No es un dato menor: es la pregunta que el municipio no puede responder. ¿Cuántos metros de agua potable se podrían tender con esa plata? ¿Cuántas familias dejarían de hervir agua turbia para dársela a sus hijos?
El barrio existe sobre terrenos fiscales porque sus vecinos no tienen otra opción. No eligieron vivir así. Trabajan en changas, en negro, y cuando llueve fuerte no pueden salir. El agua no solo se lleva lo poco que tienen: también se lleva el ingreso del día.
“Queremos que este barrio se conozca, que sepan que existimos”, dice María de los Ángeles. “Tenemos derechos.”
Tiene razón. Y el municipio de Guaymallén tiene la obligación legal de garantizarlos. No es una cuestión de voluntad. Es una cuestión de dónde se decide gastar la plata.
El barrio espera. Los concejales cobran.
Si querés colaborar con la familia:
Alias: maria.951.agudo.mp | CVU: 0000003100002224322564 | Titular: María de los Ángeles Avendaño Pereira
