Mientras miles de argentinos esperaban explicaciones sobre las graves denuncias y cuestionamientos que pesan sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, una parte de la dirigencia política eligió protegerlo.
La sesión convocada en la Cámara de Diputados para avanzar con pedidos de interpelación y mecanismos de control parlamentario fracasó por falta de quórum. ¿La razón? Legisladores del oficialismo y bloques aliados decidieron no bajar al recinto.
No se trataba de condenar a nadie. No se trataba de dictar una sentencia. Se trataba de algo mucho más simple: que un funcionario de la máxima jerarquía del Estado diera explicaciones ante el Congreso.
Sin embargo, una vez más, los acuerdos políticos pesaron más que la transparencia.
Los mismos sectores que suelen hablar de institucionalidad y República terminaron impidiendo que funcionara el principal mecanismo de control que tiene la democracia: el control parlamentario. El PRO y gran parte de la UCR fueron señalados entre los bloques que no dieron quórum y permitieron que la sesión se cayera.
Los mendocinos tienen derecho a preguntarse qué hicieron sus representantes cuando llegó el momento de exigir explicaciones. Porque una banca no se ocupa para aplaudir gobiernos ni para encubrir funcionarios. Se ocupa para controlar al poder.
La transparencia no puede ser un discurso para las campañas electorales y una ausencia cuando llega la hora de votar.
Cuando un funcionario es cuestionado, la respuesta democrática no es esconderlo. La respuesta democrática es investigarlo, interpelarlo y exigirle explicaciones públicas.
Lo ocurrido en Diputados constituye una vergüenza institucional. No porque alguien haya sido declarado culpable, sino porque se impidió que la sociedad conociera las respuestas que merece.
La República no se defiende vaciando el recinto. La República se defiende dando la cara.
