El jefe de Gabinete de la Nación se sentó anoche frente a una cámara y dijo, textual: “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”. Lo dijo después de presentar ante la Oficina Anticorrupción y ARCA declaraciones juradas rectificativas donde aparecen, de golpe, unos 513.000 dólares vinculados a inversiones en Bitcoin que nunca había declarado. Medio millón de dólares. En el medio de dos investigaciones penales en Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.
No es una operación de la oposición. No es un trascendido. Es la propia presentación del funcionario y su propia explicación pública.
La confesión como estrategia
Repasemos lo que el propio Adorni y su entorno admitieron: las declaraciones juradas de 2023 “las hizo él mismo” y hubo “desprolijidad”. Las rectificaciones corrigen su patrimonio y el de su esposa desde 2020. Aparecen ganancias en criptomonedas generadas entre 2013 y 2018 a través de ocho billeteras virtuales, herencias, hipotecas cruzadas, una casa en un country comprada en 2025 que primero figuraba solo a nombre de la esposa y ahora pasa a ser de los dos, remodelaciones que la causa judicial estima en 245.000 dólares pero que él dice que fueron 170.000.
Y horas antes de presentar todo esto, el matrimonio adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias de la Ley 27.799: el esquema de “inocencia fiscal” que el propio Gobierno diseñó. El mismo Gobierno del que él es jefe de ministros. Primero te acogés al paraguas, después confesás. El orden de los factores acá dice todo.
Probá hacer lo mismo
Ahora hagamos el ejercicio inverso. Probá vos, lector, “aparecer” con medio millón de dólares sin declarar. No hace falta tanto: probá con una diferencia de quinientos mil pesos en tu monotributo. ARCA te intima, te recategoriza de oficio, te ejecuta la deuda con intereses y te embarga la cuenta sueldo antes de que termines de leer la notificación. Nadie te ofrece un régimen simplificado a medida. Nadie acepta tu “desprolijidad”. Nadie te deja rectificar cinco años para atrás con una sonrisa frente a las cámaras.
Mientras tanto, en mi estudio recibo todos los días casos de familias que pagan los fideos con la tarjeta de crédito a tasas del 90, 100 y hasta 147% efectivo anual. Jubiladas a las que la deuda se les cuadruplicó en siete meses sin un solo consumo nuevo, solo por intereses sobre intereses. Trabajadores a los que les debitan el 44% del sueldo. Gente que pide refinanciar y el banco la deja esperando meses mientras el contador de intereses corre. A ellos el sistema no les perdona un peso. Ni un día de mora. Ni un punto de tasa.
Esa es la asimetría que indigna: el que ahorró “en negro” medio millón de dólares siendo hoy la segunda autoridad del Poder Ejecutivo se regulariza con un trámite nocturno, y el que debe dos millones de pesos de tarjeta queda marcado en el Veraz por cinco años.
El silencio presidencial también es una decisión
El presidente Milei anticipó la presentación de la declaración jurada de su jefe de Gabinete y lo sostiene en el cargo. Cualquier presidente que se tomara en serio la ética pública le habría pedido la renuncia el mismo día en que la Justicia abrió la investigación, o como mínimo lo habría apartado hasta que se aclare. Sostenerlo es una definición política: la “casta” que se denunciaba en campaña tenía, parece, fecha de vencimiento. La tolerancia con el patrimonio propio y la motosierra para el bolsillo ajeno no son un accidente: son el programa.
Que la Justicia investigue y determine si hubo delito: para eso están Lijo y Pollicita, y rige la presunción de inocencia como para cualquier ciudadano. Pero la vara política y ética no necesita esperar la sentencia. Un funcionario que admite públicamente haber ocultado ingresos al fisco durante años no puede ser el jefe de los ministros de la Nación, el mismo que firma los decretos que ajustan a jubilados, discapacitados y universidades porque “no hay plata”.
Plata había. Estaba en negro, en ocho billeteras de Bitcoin. Lo dijo él.
Mario Vadillo
