Milei, Adorni y el ministro Lugones presentaron al Congreso un proyecto minimalista: dos artículos, cero alternativas. Los octógonos desaparecen el mismo día que se publica en el Boletín Oficial. Mientras tanto, la industria alimentaria —que lleva cinco años presionando— recuperaría el mercado que perdió cuando los consumidores empezaron a leer etiquetas.
Una derogación sin reemplazo
El proyecto de ley es escueto. Tan escueto que la verdadera letra chica no está en los artículos sino en lo que falta: el Ejecutivo no dice qué información tendrán que dar los alimentos, quién definirá los nuevos criterios nutricionales, en cuánto tiempo, ni bajo qué estándares. Promete “un esquema técnicamente más consistente”, pero entra en vigencia hoy. La industria, mañana.
Eso es legislativamente perverso. No es reforma. Es derogación pura, seguida de un vacío donde cabe todo: desde armonización Mercosur (el argumento oficial) hasta nada (el escenario probable). Mientras se define qué viene, los alimentos vuelven a las sombras del rotulado tradicional, inyectado en letras pigmeas en el dorso del paquete, donde nadie lo lee.
Los argumentos: un catálogo de objeciones preexistentes
El mensaje que acompaña el proyecto reproduce, casi palabra por palabra, los argumentos que la industria alimentaria esgrimió durante cinco años de batalla parlamentaria contra la ley. Modelo técnicamente inconsistente. Parámetros homogéneos aplicados a matrices distintas. Sistema binario que no incentiva reformulación gradual. Problemas de Mercosur. Carga desproporcionada a pymes.
Ninguno de estos argumentos es nuevo. Todos fueron respondidos entre 2015 y 2021, durante la elaboración de la ley. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) desmintió los principales cuestionamientos técnicos en 2021, publicando evidencia de que el sistema de octógonos es el único que logró reducir efectivamente el consumo de ultraprocesados. Pero el Ejecutivo no menciona eso.
Lo que sí menciona es que la ley genera “limitaciones económicas”. Y ahí está el nudo. Porque las “limitaciones económicas” son reales, pero no son del lado que el Gobierno señala.
Los números que el Ejecutivo no cita
En Chile, después de implementar etiquetado frontal similar, las ventas de cereales de desayuno cayeron 36 por ciento. Las bebidas azucaradas, 25 por ciento. Los postres envasados, 17 por ciento. En Uruguay, 18 por ciento de los consumidores dejó de comprar productos con octógonos, y 23 por ciento optó por marcas sin sellos. En Argentina, según el Ministerio de Salud en 2023, el 43 por ciento de la población tiene en cuenta los sellos al comprar. El 61 por ciento redujo o abandonó directamente la compra de ciertos productos.
Esos números son “limitaciones económicas” para la industria, no para el consumidor. Son pérdidas de mercado cuantificables en millones de dólares. Son créditos que los bancos no renovaron con las mismas tasas. Son líneas de producción que había que reformular —gasto de I+D que se hizo para nada si finalmente el consumidor sigue viendo el producto como insano.
En México, Coca-Cola presentó un amparo contra la ley antes de que entrara en vigor. En Chile, PepsiCo y Kellogg’s acudieron a los tribunales. Ferrero amenazó con retirar inversiones. Argentina no se salvó: durante el tratamiento en el Senado, según documentación de la época, la empresa de bebidas azucaradas más conocida del país presionó directamente sobre el Ejecutivo de entonces.
Hoy, con un Gobierno ideológicamente desregulador, esa presión finalmente rinde frutos.
La trampa está en lo que no dice
El Código Alimentario Argentino, al que el proyecto remite para “cumplir los objetivos”, requiere que se declare composición nutricional. Pero en qué tamaño de letra, en qué lugar del envase, con qué grado de visibilidad, es materia de interpretación. Un fabricante puede poner “grasas saturadas: 12g” en punto 6, en el dorso del paquete, junto a 47 otras líneas de información. El consumidor ve un paquete de galletitas y no sabe si come más o menos grasa que otro producto.
Con los octógonos, ve un octógono negro diciendo “Exceso en grasas saturadas” en la cara frontal. Una diferencia abismal de eficacia, documentada por la OPS y confirmada por todos los gobiernos que implementaron etiquetado frontal.
El proyecto del Ejecutivo lo sabe. Por eso no lo dice.
La cronología de la desregulación
En 2021, el Congreso sanciona la ley con 200 votos a favor. Octubre de 2021: promulgación. Agosto de 2022: comienzan a aparecer los octógonos en góndolas. 2024: el Gobierno introduce la Disposición ANMAT 11362/2024, que reduce la cantidad de sellos al contar solo nutrientes agregados, no intrínsecos. Diciembre de 2024: otra disposición facilita aún más publicidad de productos etiquetados.
Y ahora, mayo de 2026: derogación total.
Es una estrategia de desmantelamiento gradual. Comenzó con “ajustes técnicos” disfrazados de “armonización” internacional. Termina con vacío regulatorio. Entre medio, la industria recupera terreno mes a mes.
Quién firma el proyecto
El ministro de Salud, Mario Lugones, proviene del sector privado de la salud. No es casual. Un funcionario del sector privado tiene conflictos de interés estructurales cuando regula industrias. No es que Lugones esté “vendido”—es que sus redes, sus contactos, sus marcos mentales vienen del lado de los negocios, no del lado de la salud pública. Cuando vos creés en desregulación como filosofía política, el etiquetado frontal es un fastidio burocrático, no una herramienta de salud pública.
El jefe de Gabinete, Adorni, viene de la comunicación política. Para un comunicólogo, todo es discurso. Si el Código Alimentario dice que hay que informar composición, “técnicamente” se cumple. Que el consumidor no entienda porque la información está en punto 6 en el dorso, es un “problema de comunicación”, no un problema de regulación.
Y Milei, que está desregulando hasta los detalles (prohibiendo reuniones públicas que no sean autorizadas, derogando leyes sobre cunicultura, eliminando apoyo a estudiantes), ve en el etiquetado frontal lo mismo que en todo: paternalismo estatal.
Lo que falta en el proyecto
Una investigación sobre impacto epidemiológico. Un cálculo de costos en obesidad, diabetes, hipertensión. Un análisis comparativo de qué pasa en Chile después de 10 años con octógonos (spoiler: menos obesidad infantil). Una propuesta de qué reemplaza la ley. Un cronograma. Una consulta a la OPS sobre si la “armonización Mercosur” que menciona existe realmente o es un invento.
Lo que sí incluye el proyecto: los argumentos textuales de la Cámara de la Industria de Bebidas sin Alcohol, de la Cámara Argentina de la Industria Láctea, de AmCham, que nuclea a Coca-Cola, PepsiCo, Bimbo, Kellogg, Ferrero, Unilever, Cargill. El Ejecutivo tomó el lobby, lo pasó a un documento oficial y lo mandó al Congreso.
Una pregunta para el Congreso
¿En serio van a derogar una ley que tiene 200 votos a favor, que 8 de cada 10 argentinos apoyan, que redujo consumo de ultraprocesados, que generó reformulación en ciertos productos, cuya única “limitación” es que le cuesta dinero a empresas multinacionales, sin proponer absolutamente nada a cambio?
Porque eso no es reforma. Eso es regresión pura. Y la regresión no necesita que tenga sentido. Solo necesita que la industria presione lo suficiente, que el Ejecutivo esté dispuesto a pagar esa deuda política, y que los legisladores miren para otro lado.
Todavía hay tiempo para evitarlo. Pero no mucho.
