En el resto del país, la Justicia frena el abuso
En Buenos Aires, la Justicia dictaminó que las facturas de electricidad no pueden incluir impuestos municipales encubiertos, dando la razón a los usuarios que denunciaban estos cobros indebidos. Edenor confirmó que en los próximos 60 días dejará de cobrarse la tasa de alumbrado municipal en las boletas.
En Córdoba, un fallo similar ordenó a las distribuidoras separar los tributos de la factura de luz, asegurando transparencia en el cobro de servicios. Santa Fe también avanzó en la misma dirección, dejando en claro que la energía eléctrica no puede ser utilizada como vehículo de recaudación extra por parte de los municipios. En varias provincias, la Justicia ya dio el visto bueno a la Resolución 267/2024, confirmando que las empresas de electricidad no pueden seguir disfrazando impuestos dentro de la factura de luz. Los municipios tienen que buscar otra forma de cobrar sus tasas porque, a partir de ahora, la factura de electricidad es solo eso: electricidad.
Pero Mendoza, fiel a su costumbre de proteger a los poderosos, decidió hacer todo lo contrario.
Mendoza: el paraíso de las distribuidoras y municipios
Mientras en el resto del país la Justicia pone fin a este abuso, en Mendoza se le arma un escudo protector a las distribuidoras y municipios. No fueron los municipios ni las empresas de electricidad las que pidieron amparo. No. Fue el mismísimo Gobierno Provincial el que se metió en la pelea, pero no para defender a los mendocinos, sino para garantizar que las distribuidoras sigan cobrando lo que no deben.
El gobernador Alfredo Cornejo se puso la camiseta de las distribuidoras y municipios ordenando que el Asesor de Gobierno, Ricardo Canet, y el Fiscal de Estado, Fernando Mario Simón, presentaran un amparo contra el Ministerio de Economía de la Nación. ¿El argumento? Que la Resolución 267/2024 causaba un “gravamen irreparable” a los derechos constitucionales de la provincia. Claro, porque según ellos, el derecho de Mendoza a mantener estos cargos es más importante que el derecho de los mendocinos a pagar solo por lo que consumen.
Un fallo hecho a medida para los abusos
El 30 de diciembre de 2024, el juez federal Walter Quirós dictó sentencia en el expediente “Provincia de Mendoza contra Ministerio de Economía – ENA sobre Amparo Ley 6.986”. Y, como si estuviera escrito por las mismas distribuidoras y municipios, su fallo suspendió la Resolución 267/2024 en Mendoza.
Resultado: mientras en el resto del país la maniobra se terminó, en Mendoza sigue todo igual. ¿Y quién paga la fiesta? Vos. Yo. Todos los mendocinos que seguimos viendo en nuestras boletas conceptos que deberían haber desaparecido hace rato.
La excusa barata del Gobierno mendocino
Para justificar esta maniobra, el Gobierno provincial dice que el alumbrado público es un servicio municipal y que, por eso, lo cobra en la factura de luz. ¿Y entonces, por qué también lo cobran en las tasas municipales? ¡Doble cobro, doble trampa!
El problema no es que los municipios cobren por el alumbrado público. El problema es que nos lo hacen pagar dos veces, escondiéndolo en la boleta de la luz y disfrazándolo de “costo operativo”. Y el Gobierno de Mendoza en lugar de defender a los ciudadanos, defiende esta trampa.
El silencio cómplice del Gobierno provincial
El gobernador Cornejo y su equipo podrían haber elegido el camino de la justicia. Podrían haber defendido a las familias mendocinas y haber garantizado boletas de luz justas. Pero no. Prefirieron gastar los recursos del Estado en abogados para litigar contra el Ministerio de Economía y asegurarse de que la inequidad continúe.
Mientras el resto del país avanza, Mendoza sigue atada a los intereses de unos pocos. Es hora de que la Justicia mendocina despierte y actúe con la misma firmeza que en otras jurisdicciones. Porque si en Buenos Aires y otras provincias ya frenaron esta avivada, Mendoza no puede quedar atrás.
Solo hay una solución: transparencia en las boletas
La luz es luz. Nada más. Ningún extra, ningún cargo encubierto, ningún impuesto disfrazado.
Si los municipios quieren cobrar por el alumbrado público, que lo hagan, pero de frente y sin trampas. Que lo facturen aparte, que sean claros con la gente.
Mientras tanto, los mendocinos seguimos pagando lo que no debemos y el Gobierno provincial sigue mirando para otro lado. Pero ya es hora de que rindan cuentas.
Si en Buenos Aires se frenó esta jugada, Mendoza no puede ser la excepción.
La pelea no terminó. Y los mendocinos no se deben quedar callados.