Suben las tarifas de AYSAM sin audiencia y el servicio se hunde: quién paga el desastre del agua en Mendoza
En Mendoza estamos pagando tarifas de “servicio premium” por una infraestructura que, en demasiados barrios, funciona como si fuera de emergencia permanente: agua que se pierde por las calles, socavones que se tragan autos, cloacas que revientan y terminan contaminando canales, y cortes cada vez más frecuentes en plena temporada de calor. Y encima, ahora habilitaron que los aumentos se ajusten de manera bimestral con un mecanismo que corre casi solo, mientras al usuario le piden paciencia y “comprensión”.
Aumentos por decreto y tarifa en piloto automático
El Gobierno provincial ya venía empujando subas fuertes en los últimos años, siempre por encima de lo que el servicio demuestra en la calle. En 2024 se autorizaron aumentos acumulativos de más del 40%, y en 2026 se volvió a aplicar otro incremento significativo desde enero. Pero el dato político más grave no es solo el porcentaje: es que el esquema dejó a las tarifas atadas a un sistema de “revisión bimestral” automática.
Ahí está la trampa: la audiencia pública queda limitada a la revisión anual, pero el ajuste bimestral se convierte en un carril paralelo que se activa por fórmula. Traducido al castellano: la boleta puede seguir subiendo por goteo, sin volver a discutir cara a cara con los usuarios si el servicio realmente mejora o no.
La inflación baja, pero la boleta no
El relato oficial habla de “acomodar por costos”, pero hoy esa excusa hace agua. La inflación viene desacelerando fuerte respecto de los años del desastre, sin embargo la tarifa del agua sigue corriendo como si estuviéramos en una economía en llamas. Cuando los precios empiezan a estabilizarse y el salario sigue atrasado, sostener aumentos automáticos deja de ser una necesidad técnica y pasa a ser una decisión política.
El 20% para obras: un cargo con resultados invisibles
AYSAM reconoce que en la boleta se cobra un “Cargo Especial del 20%” destinado a la renovación de redes, administrado a través de un fideicomiso. El problema no es que exista un fondo para invertir. El problema es lo que ve el ciudadano todos los días: pérdidas permanentes, arreglos provisorios y obras que se repiten en los mismos lugares como si nadie aprendiera nada.
Si se cobra un 20% extra “para invertir”, lo mínimo exigible es que cada vecino pueda saber en qué se gasta: qué obra, cuánto cuesta, quién la hace, cuánto tarda y si se termina bien. Cuando esa información no está a la vista, ese cargo deja de parecer una inversión y empieza a funcionar como un impuesto encubierto.
Lo que pasa en la calle: socavones, cloacas y cortes
Mientras se discuten coeficientes y fórmulas, la realidad es mucho más cruda: socavones cada vez más frecuentes, colapsos cloacales, vertidos contaminantes y barrios enteros con provisión de agua intermitente. Lo que debería ser una excepción se volvió rutina. Y lo que debería ser un servicio esencial confiable se parece cada vez más a un sistema en permanente estado de emergencia.
En cualquier manual serio de defensa del consumidor esto tiene nombre: incumplimiento de calidad, seguridad y continuidad del servicio. Y cuando se trata de un servicio esencial, la carga de explicar, transparentar y cumplir no es del usuario: es de la empresa y del Estado que tiene que controlarla.
El problema de fondo: recaudar primero, servir después
El régimen vigente consolida un verdadero “piloto automático” tarifario: aumento anual más ajustes bimestrales por fórmula. Eso puede servir para una planilla de Excel, pero es inaceptable para un servicio que no garantiza condiciones mínimas de funcionamiento. Si el agua no llega, si las cloacas revientan y si las calles se hunden, no hay coeficiente que lo justifique.
Acá el problema no es técnico, es político: se decidió blindar la recaudación antes que garantizar el servicio. Y en ese esquema, el usuario queda atrapado: paga más, recibe menos y encima pierde instancias reales de discusión pública.
Qué hay que exigir
Un tablero público de obras y del uso del 20% adicional, auditorías reales e independientes, publicación obra por obra y plazos de ejecución, y la obligación de discutir aumentos cuando el servicio no cumple estándares básicos.
El agua no es un lujo. Y una tarifa que sube como reloj suizo con caños que explotan como caño viejo no es “equilibrio económico”: es trasladar la ineficiencia al bolsillo del usuario.
Mario Vadillo