Una reforma impulsada por intereses mineros
Cada vez que se habla de reformar la Ley de Glaciares conviene encender todas las alarmas. No es una actualización técnica ni una mejora normativa: es una iniciativa empujada por intereses empresariales, principalmente ligados a la megaminería, que desde hace años busca debilitar una de las pocas leyes ambientales efectivas del país.
Reducir la protección del ecosistema
La primera trampa es conceptual. Se abandona la protección integral de glaciares y ambiente periglaciar, eje central de la Ley 26.639, y se la reemplaza por una mirada utilitaria: solo quedaría protegido lo que se considere “reserva efectiva” o “recarga de cuencas”. Todo lo demás —ambientes periglaciares, glaciares de escombros, suelos congelados y funciones climáticas— pasa a ser secundario y negociable.
El verdadero motivo de la reforma
La razón de fondo es clara. Muchos glaciares y zonas periglaciares se asientan sobre yacimientos minerales de alto valor económico. Hoy esos territorios están protegidos y, por lo tanto, no pueden ser explotados. La reforma apunta directamente a remover ese límite legal que hoy frena proyectos extractivos.
Megaminería y escasez de agua
La megaminería requiere enormes volúmenes de agua, pero gran parte de estos proyectos se localizan en zonas donde el recurso es escaso o directamente inexistente. Al reducir la protección a criterios administrativos de “función hídrica”, la reforma libera territorios ricos en minerales y habilita la intervención sobre ecosistemas que regulan el ciclo del agua, comprometiendo a toda la cuenca.
Ambigüedad deliberada y judicialización
Conceptos como “reserva efectiva” o “recarga de cuencas” no son categorías científicas objetivas, sino nociones abiertas a interpretación. En los hechos, permiten retirar la protección ambiental y trasladar la discusión al plano judicial. Para cuando haya peritajes y sentencias, el daño ya estará hecho.
Decisiones políticas en lugar de ciencia
La reforma habilita a autoridades administrativas provinciales a clasificar y desclasificar glaciares y ambientes periglaciares, desplazando una decisión científica al terreno político. En provincias con fuerte lobby minero, esto abre la puerta a la discrecionalidad.
Daños irreversibles
Los glaciares y los ambientes periglaciares no se restauran. Un glaciar destruido no se compensa ni se mitiga: se pierde para siempre, junto con una garantía natural de agua y estabilidad ambiental, especialmente en provincias áridas como Mendoza.
Defender la ley es defender el futuro
Esta reforma no es neutra. Es una toma de partido: a favor de intereses extractivos de corto plazo y en contra del ambiente, del agua y de las generaciones futuras. Defender la Ley de Glaciares es defender lo que no vuelve.