Lo que el Gobierno nacional presenta como “nuevo esquema de subsidios energéticos” es, en los hechos, el certificado de defunción de la ayuda estatal para millones de hogares.
Con el llamado ReSEF (Registro de Subsidios Energéticos Focalizados), creado por el Decreto 943/2025 y reglamentado por la Secretaría de Energía mediante la Resolución 13/2026, el Estado dejó atrás el régimen RASE y lo reemplazó por un mecanismo mucho más restrictivo y excluyente.
La traducción es simple: la gran mayoría de los usuarios comenzará a pagar luz y gas prácticamente sin subsidio.
De la segmentación a la exclusión masiva
El sistema anterior (RASE) tenía problemas, pero reconocía tres niveles de protección (N1, N2 y N3) y permitía una gradualidad.
Eso se terminó.
El nuevo esquema es binario: o tenés subsidio, o no tenés nada.
Y aun quienes “califiquen”, sólo recibirán ayuda hasta un tope de consumo extremadamente bajo.
Todo lo que supere ese límite se paga a tarifa plena.
Los topes que te sacan del sistema
La reglamentación ya fijó límites concretos:
- En electricidad, el subsidio cubre solo hasta 300 kWh mensuales para la mayor parte del país.
- En zonas cálidas se eleva a 370 kWh.
- En zonas muy cálidas, a 550 kWh.
- En gas natural se mantienen bloques máximos por categoría y subzona, y todo excedente queda sin bonificación.
Estos topes fueron definidos por la Secretaría de Energía de la Nación en cumplimiento del Decreto 943/2025 y aplicados por el ENRE, ENARGAS y las distribuidoras provinciales.
¿Qué implica esto en la vida real?
Que una familia común, con un consumo normal por: trabajo desde el hogar, estudio, climatización básica, electrodomésticos mínimos, queda automáticamente fuera del subsidio, aunque no sea rica ni tenga capacidad real de pago.
El subsidio deja de ser un derecho social y pasa a ser un cupo mínimo casi simbólico.
Exclusión por patrimonio y no por necesidad
El nuevo registro incorpora criterios automáticos de descarte patrimonial: tener un auto de menos de tres años, cualquier “indicador de exteriorización patrimonial” que defina la autoridad.
Con eso alcanza para quedar excluido, aunque el usuario: tenga ingresos bajos, esté endeudado, o no pueda afrontar la factura.
Una violación directa al fallo de la Corte Suprema
Este esquema choca frontalmente con la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “CEPIS c/ Ministerio de Energía” (2016).
En ese fallo histórico, la Corte fijó principios obligatorios: Las tarifas de servicios públicos deben ser razonables y proporcionales.
Debe protegerse especialmente a los usuarios vulnerables.
Los aumentos y modificaciones deben respetar criterios de gradualidad, equidad y previsibilidad.
El nuevo sistema viola todos esos parámetros: elimina la gradualidad, desconoce la capacidad de pago real, aplica topes uniformes sin considerar composición del hogar,
y transforma un derecho social en un beneficio precario y revocable.
Se está haciendo exactamente lo que la Corte dijo que no podía hacerse.
La trampa digital
A todo esto se suma un procedimiento excluyente: inscripción obligatoria por internet,
declaración jurada digital, cruces automáticos de bases de datos.
Si el Estado se equivoca: te quitan el subsidio igual, te llega la factura plena, y después arreglate para reclamar.
Para jubilados, adultos mayores y sectores sin acceso tecnológico, esto equivale a una expulsión directa del sistema.
El mensaje político es inequívoco
El ReSEF no busca ordenar subsidios.
Busca recortarlos de manera masiva.
Detrás del discurso de “focalización eficiente” hay una realidad contundente: menos gente con ayuda, menos consumo cubierto, más tarifas plenas, más recaudación para las empresas distribuidoras.
El usuario queda atrapado entre dos pinzas:
- topes de consumo cada vez más bajos,
- criterios de exclusión cada vez más duros.
El resultado es uno solo: el subsidio desaparece como política pública universal.
Lo que exigimos
Frente a este escenario, reclamamos de manera urgente:
- Revisión integral de los topes de consumo con criterios climáticos y familiares reales.
- Restablecer un sistema de segmentación por ingresos efectivo.
- Mecanismos presenciales de inscripción y apelación.
- Notificación previa antes de cualquier quita de subsidio.
- Excepciones amplias por electrodependencia, salud y vulnerabilidad social.
- Respeto estricto a la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Sin estas correcciones, el “nuevo esquema de subsidios” quedará en la historia como lo que realmente es: el final de los subsidios para la clase media y los sectores populares y la violación al derecho humano de acceso a los servicios públicos domiciliarios de electricidad y gas.