Mendoza: la electricidad más cara del país
La situación en Mendoza es crítica, ya que se ha convertido en una de las provincias con la electricidad más cara de Argentina. Este problema afecta tanto al turismo como a los propios habitantes, quienes deben destinar una mayor proporción de sus ingresos para cubrir costos de energía.
Esta realidad es producto de decisiones políticas como la prórroga del contrato de concesión de EDEMSA hasta 2048, que se otorgó 20 años antes de su vencimiento sin competencia. Este acuerdo redujo el canon del 10% al 6%, garantizando un servicio más caro, de menor calidad y cargado de sospechas de corrupción. Además, se trasladaron los costos de inversiones a los usuarios, profundizando la injusticia tarifaria.
Comercios y PYMEs: el motor económico, en jaque
Los pequeños comercios y las PYMEs han sido los más golpeados. La tarifa G1, que se aplica a este sector, fue diseñada con la premisa de que los incrementos podrían trasladarse a los precios de productos y servicios. Sin embargo, con la inflación desacelerándose y un mercado estancado, esta transferencia no ha sido posible. En lugar de aumentar ingresos, muchos negocios han visto cómo sus márgenes se reducen drásticamente, enfrentando un verdadero desafío para sostenerse.
Por ejemplo, un comercio que en febrero de 2024 pagaba $7.063,357 como cargo fijo ahora debe destinar $13.453,938, lo que representa un incremento que excede por mucho cualquier ajuste razonable basado en la inflación o los costos mayoristas.
Nuevos aumentos en el horizonte
A pesar de esta situación insostenible, el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) ya anticipó un nuevo ajuste en febrero de 2025. Aunque se habla de “ajustes menores”, la experiencia demuestra que los aumentos acumulados no son menores para los pequeños negocios, que enfrentan costos energéticos desproporcionados en un contexto de ingresos cada vez más bajos.
El cambio que Mendoza necesita
El Gobierno Provincial y el EPRE deben replantear sus políticas tarifarias de manera urgente. No es aceptable que los aumentos sigan basándose en decisiones arbitrarias que benefician únicamente a las distribuidoras. Las tarifas eléctricas deben ajustarse a los indicadores económicos reales, como la inflación y el IPIM, y garantizar un equilibrio justo para todos los usuarios.
Mendoza no tiene una crisis energética; tiene una crisis tarifaria que está asfixiando a comercios y PYMEs, los motores de nuestra economía local. Se debe trabajar con responsabilidad, revisar los contratos de concesión y priorizar el bienestar de los mendocinos. Si no se toman medidas ahora, las consecuencias serán devastadoras para la economía provincial.
Mario Vadillo
Abogado especialista en defensa del consumidor