El especialista en defensa del consumidor sostuvo que la desregulación sin políticas habitacionales profundizó el impacto social del encarecimiento de la vivienda.
El abogado especializado en defensa del consumidor Mario Vadillo advirtió que el mercado de alquileres se transformó en uno de los principales motores de presión inflacionaria en la Argentina, al registrar subas muy superiores al promedio general de precios y afectar de manera directa a los ingresos de los hogares. Según explicó, la liberalización del sector avanzó sin políticas públicas que ampliaran la oferta de viviendas, lo que derivó en un fuerte encarecimiento del acceso al alquiler.
Vadillo señaló que, aunque el Gobierno nacional destaca una desaceleración de la inflación, los datos oficiales muestran una realidad distinta en un rubro esencial. De acuerdo con el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 el ítem vivienda, agua, electricidad y combustibles -donde se concentran los alquileres- aumentó un 55 % en términos reales, muy por encima del nivel general de precios.
“El promedio puede bajar, pero el costo de vivir bajo techo sigue subiendo y ese es un gasto que no se puede evitar”, afirmó Vadillo, al remarcar que el alquiler es un consumo inelástico que absorbe cada vez una mayor porción del ingreso familiar. En ese sentido, advirtió que la inflación deja de ser un concepto macroeconómico abstracto cuando impacta de lleno en gastos esenciales.
El abogado atribuyó esta situación a decisiones políticas concretas, en particular a la desregulación total del mercado de alquileres impulsada a fines de 2023 mediante el DNU 70/2023. Esa norma eliminó el marco legal vigente y liberó plazos, moneda, mecanismos de actualización y condiciones contractuales. “Se liberó el precio sin generar una sola vivienda nueva”, cuestionó.
Vadillo enumeró además la ausencia de políticas complementarias, como planes de vivienda, créditos hipotecarios accesibles, incentivos a la construcción o herramientas para el desarrollo de suelo urbano. “La libertad contractual solo funciona si hay opciones reales. Cuando la oferta es escasa y la demanda es cautiva, la desregulación no genera competencia, sino aumentos de precios”, explicó.
Finalmente, sostuvo que revertir la situación requiere una política habitacional integral que promueva más viviendas y mejores condiciones de acceso. “Sin suelo urbanizado, servicios públicos e incentivos claros para la vivienda accesible, la libertad contractual termina siendo un discurso que justifica un ajuste silencioso sobre quienes alquilan”, concluyó.