Hay una ley. El Congreso la votó. El Congreso rechazó el veto. La Justicia ordenó aplicarla. Y el Poder Ejecutivo sigue sin cumplirla. No es una opinión: es una secuencia de hechos documentados que tiene consecuencias directas sobre cientos de miles de estudiantes, docentes y familias argentinas.
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada con amplia mayoría. Cuando Milei la vetó, tanto Diputados como el Senado rechazaron ese veto con mayoría agravada —la norma quedó ratificada dos veces por el Congreso. El Gobierno igual la ignoró. Entonces intervino la Justicia: el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 dictó una medida cautelar ordenando aplicar las actualizaciones salariales y las becas estudiantiles, y declaró inaplicable el decreto presidencial que frenaba la ley. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, confirmó esa cautelar. Dos instancias judiciales. El Gobierno siguió sin cumplir.
Desacatar una medida cautelar confirmada en segunda instancia no es una postura política: es una violación al orden jurídico. Un ciudadano común que ignorara una orden judicial de esas características enfrentaría consecuencias inmediatas. El Ejecutivo la ignora y sale a hablar de seguridad jurídica para los inversores.
Los números que dejó ese incumplimiento son brutales. Según el Consejo Interuniversitario Nacional, las transferencias a las universidades acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026. Las partidas de funcionamiento rondan el 40% de lo que valían en enero de 2023. Ciencia y Técnica: 38% de lo ejecutado ese año. Extensión universitaria: 1%. Becas Progresar: 26%. Infraestructura universitaria: 0%. Los salarios perdieron el 32% de su poder adquisitivo y están en su nivel más bajo en 23 años. Para recuperar lo perdido harían falta aumentos del 47%.
Frente a ese cuadro, este martes la Marcha Federal Universitaria vuelve por cuarta vez a Plaza de Mayo. Que sea la cuarta —después de abril de 2024, octubre de 2024 y septiembre de 2025— dice todo sobre la capacidad de este Gobierno para no escuchar.
Pero hay algo que irrita más que el incumplimiento en sí: la selectividad del ajuste. El bisturí del déficit cero no cortó parejo. No desarticuló la red de contrataciones directas sin licitación. No auditó los sobreprecios en contratos del entorno oficial —los mismos que hoy salpican a Adorni con denuncias sobre propiedades, dólares y valores que no cierran con ningún sueldo. No investigó el 3% que el aparato de Karina Milei estaría cobrando sobre contratos del Estado: una caja paralela que, si es cierta, explica muy bien por qué el gasto en contrataciones nunca baja.
El ajuste tiene destinatarios fijos: los jubilados que vieron licuarse sus haberes, las personas con discapacidad que perdieron prestaciones, los estudiantes de primera generación que no tienen otra opción que la gratuidad. Ellos sí ajustan. El entorno del poder, no.
El Gobierno desafía al Congreso, desafía a la Justicia y desafía a la calle. Lo hace mientras protege a los suyos. Eso no es austeridad: es impunidad disfrazada de motosierra.
Mario Vadillo