El Partido Verde de Mendoza, presidido por el abogado Mario Vadillo, rechaza enérgicamente el proyecto de ley remitido este martes a la Cámara de Diputados por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni (Mensaje 137-2026), que propone vaciar el régimen de Zona Fría establecido por las leyes 25.565 y 27.637.
“Es una mentira que se cae con leer el articulado”
“El gobierno presenta esto como ajuste fiscal y uso eficiente de recursos públicos. Es falso. El propio texto del proyecto lo desmiente con cuatro datos clave”, afirmó Vadillo:
Primero: el proyecto mantiene el fideicomiso creado por la Ley 25.565, que es el que financia el régimen.
Segundo: el proyecto mantiene el recargo —hoy aplicado entre el 7,18% y el 7,39% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte— que pagamos todos los usuarios del país en cada factura. Ese recargo representa entre el 3% y el 6% de la boleta final de cada hogar argentino.
Tercero: el proyecto conserva la facultad del Poder Ejecutivo de modificar el recargo en hasta un ±50% sobre el 7,5% legal. El techo habilitado por esta ley es del 11,25%. El gobierno se reserva el poder de subirles el recargo a todos los argentinos mientras paralelamente le retira el beneficio a más de tres millones de hogares.
Cuarto, y el más grave: el proyecto redirige toda la cadena de pagos directamente hacia las productoras de gas. Según el propio articulado, el Estado pasa a compensar de forma directa a los productores y proveedores, dejando fuera del circuito a las distribuidoras. Además, el proyecto modifica el inciso c) del artículo 38 de la Ley 24.076 para que el precio que las distribuidoras le cobran al usuario incluya los costos de adquisición del gas. “Acá está el verdadero objetivo: garantizarle a las productoras un flujo de cobro asegurado, financiado con el recargo que pagan los usuarios y con el descuento que se les retira a las familias”, denunció Vadillo.
“No hay un solo peso del Tesoro Nacional en juego”
“La Zona Fría nunca fue un gasto del Estado. Se financia exclusivamente con el aporte de los propios usuarios de gas del país, vía el fideicomiso. El gobierno no está ahorrando plata pública: está habilitándose a cobrarnos más, le saca el descuento a las familias, y le redirige el flujo a las productoras. Esto no es ajuste: es la mayor transferencia silenciosa de los últimos años, desde el bolsillo de los hogares hacia las grandes productoras de gas”, sintetizó Vadillo.
“Solo en Mendoza son 421.965 familias que pierden el descuento”
“Estamos hablando de 218.922 hogares mendocinos que hoy reciben el 30% de bonificación, y otros 203.043 que reciben el 50%. La inmensa mayoría va a perder el beneficio. Mientras tanto, todos van a seguir pagando el recargo en la factura, y ahora ese dinero va a ir directo a las cuentas de las productoras”, precisó el presidente del Partido Verde.
“Otro golpe que se decide en Buenos Aires y se paga en Mendoza”
Vadillo agregó que “este es un golpe más en una larga lista. Mendoza viene perdiendo: compensaciones al transporte, mantenimiento de rutas nacionales, ahora la Zona Fría. Siempre la decisión se toma en oficinas porteñas, donde no hay que calefaccionar la casa cinco meses al año con temperaturas bajo cero. Que vengan a vivir un julio en Malargüe, en San Rafael, en el Valle de Uco o en cualquier localidad del sur mendocino antes de firmar estos proyectos”.
Pedido a los legisladores nacionales por Mendoza
El Partido Verde exigirá públicamente a los diputados y senadores nacionales por Mendoza —de todos los espacios políticos— que rechacen este proyecto en el recinto. “No hay justificación posible para apoyar una ley que mantiene el recargo a todos los argentinos, lo habilita a subir hasta el 11,25%, le retira el descuento a casi 422.000 familias mendocinas y le entrega el dinero directo a las productoras. Quien vote a favor va a tener que explicarle a sus votantes, factura por factura, por qué lo hizo”.
Solicitud al Congreso
El Partido Verde solicitará que el tratamiento del proyecto incluya audiencias públicas con asociaciones de defensa del consumidor y representantes de las provincias afectadas antes de cualquier dictamen de comisión.
