La Justicia imputó al presidente de AYSAM, Humberto Mingorance, y a dos gerentes por contaminar con cloacas crudas un canal de riego en Los Corralitos. Es la cuarta sanción en menos de un año contra la misma empresa, en el mismo lugar, por la misma maniobra. Cuando el Estado se convierte en imputado, los vecinos dejan de ser administrados para pasar a ser víctimas.
El fiscal Gabriel Blanco, acompañado por Sebastián Capizzi y avalado por los jefes Gustavo Pirrello y Paula Quiroga, formalizó este martes la imputación contra Mingorance, el gerente general Darío Hernández y el gerente operativo Carlos Cifuentes. La acusación no es una falta administrativa: es un delito doloso contra la salud pública. Daño agravado sobre bien de uso público y contaminación del agua con residuos peligrosos en los términos del artículo 55 de la Ley 24.051, que remite a las penas del artículo 200 del Código Penal: tres a diez años de prisión. Y si alguien se enferma o muere por consumir esa agua, la escala salta a diez a veinticinco años.
Hay que decirlo con todas las letras. El presidente de la empresa estatal que tiene a su cargo el agua y el saneamiento de Mendoza está formalmente acusado de envenenar el agua. No de un descuido. De volcar de manera clandestina, deliberada, líquidos cloacales sin tratar a un cauce público.
La maniobra: romper el canal, dos veces
El 5 de marzo, personal de AYSAM rompió a martillazos la pared del canal Rama 12 del sistema Vertientes Corralitos, en Severo del Castillo y 2 de Mayo, para volcar efluentes cloacales al curso de agua de riego. Irrigación reparó la estructura. El 16 de marzo, once días después, los inspectores constataron que el mismo personal había vuelto a romperla y reanudado el vertido.
No fue un caño que se rompió. Fue una decisión operativa, ejecutada por agentes del propio Estado, con martillo en mano, para sacarse de encima la mierda del Gran Mendoza a costa del riego de los productores de Los Corralitos. Eso es lo que la doctrina ambiental llama vuelco clandestino. Eso es lo que el derecho penal llama delito doloso.
Reincidentes
La causa P-32247/26 no nació del aire. Irrigación había multado a AYSAM en agosto y octubre de 2025 por el mismo tipo de maniobra en la misma zona. El 11 de mayo de este año, la Resolución 481 del superintendente Sergio Marinelli aplicó la sanción máxima prevista por la legislación hídrica provincial: 100.000 Unidades Fiscales del Agua, equivalentes a 120 millones de pesos. Marinelli calificó la conducta como de “gravedad excepcional”, con tres agravantes simultáneos: daño ambiental, intervención ilícita sobre infraestructura pública y reiteración. La Justicia tomó ese expediente como prueba documental y lo convirtió en imputación penal.
AYSAM anunció que apelará la multa. Es decir: el Estado provincial pagará abogados con plata de los usuarios para defender en tribunales a los funcionarios que rompieron un canal con un martillo. El Estado contra el Estado, con el contribuyente financiando ambas partes del litigio.
Seiscientas mil personas y un caño colapsado
El telón de fondo es estructural. La Colectora Máxima Noreste, que pasa por la zona del conflicto, transporta los líquidos cloacales de cerca de 600.000 personas del Gran Mendoza. El caño está colapsado desde 2024. AYSAM lo sabe, el Gobierno lo sabe, Irrigación lo sabe. La obra no figura en las prioridades presupuestarias. Y la solución operativa fue romper acequias y soltar las cloacas al campo. Marinelli avisó que el agua de la red sigue siendo potable, pero quien tira de un pozo de baja profundidad en la zona está tomando un cóctel.
La doctrina y los nombres propios
El artículo 57 de la Ley 24.051 es claro: cuando los delitos del artículo 55 se cometen por decisión de una persona jurídica, la pena recae sobre los directores, gerentes y representantes. Por eso la imputación llegó al presidente y a los dos gerentes. Quien firma la decisión, responde con su persona. Mingorance, Hernández y Cifuentes ya no se defienden como funcionarios públicos; se defienden como imputados penales.
Por primera vez en años, una empresa pública mendocina enfrenta una imputación penal ambiental por la cúpula completa. Y la víctima de la contaminación es exactamente el mismo pueblo al que esa empresa estatal le factura el servicio todos los meses.
A los vecinos de Los Corralitos, a los productores que perdieron sus cosechas, a las familias que abrieron la canilla y no supieron qué tomaban, les corresponde algo más que una resolución administrativa. Les corresponde una condena. Y a Mendoza le corresponde dejar de financiar con tarifas la defensa de quienes la envenenan.
Mario Vadillo
