El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para derogar la Ley 27.642, la Ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa lleva las firmas de Milei, Adorni y Lugones. El vocero estrella del Gobierno, el mismo que sale a defender cada medida con aplomo de marketinero, ahora pone su rúbrica en un texto que le saca información sanitaria a millones de consumidores argentinos. Eso ya dice todo sobre quién manda en esta decisión.
El argumento oficial tiene cinco patas y todas son huecas.
El sistema binario “confunde” al consumidor
Mentira documentada. Más de la mitad de los argentinos conoce la normativa y casi nueve de cada diez identifica los productos con octógonos en las góndolas. Si algo funciona como herramienta de información, es exactamente eso. La confusión no la genera el sello negro; la genera la ausencia de educación nutricional, que es responsabilidad del mismo Estado que hoy quiere sacarlo.
No incentiva mejoras graduales de la industria alimentaria
Esta es la pata más reveladora, porque es el argumento que la industria alimentaria esgrimió durante años para frenar la ley. Hay reportes que documentan esa interferencia corporativa durante el debate parlamentario. Que hoy el Ejecutivo lo reproduzca casi textualmente no es coincidencia: es la corporación hablando con voz de Estado.
Perjudica a las PyMEs por costos y asimetrías con el Mercosur
La experiencia de los países que implementaron sistemas similares —Chile, México, Uruguay, Perú— demuestra que no hubo pérdidas de empleo ni de salario. Las PyMEs que hacen alimentos de verdad no necesitan esconderse detrás de un envase que oculte lo que contiene. Las que sí necesitan eso son las grandes corporaciones de ultraprocesados. La armonización con el Mercosur debería exigir que los socios suban el estándar, no que Argentina lo baje.
La rigidez normativa impide adaptarse a nuevos consensos científicos
Hay una solución simple que el Gobierno deliberadamente ignora: modificar la ley, no derogarla. La propia ANMAT lo hizo en diciembre de 2024, actualizando los criterios de cálculo de nutrientes sin tocar el texto legal. El sistema tiene mecanismos de adaptación. La derogación total es la respuesta corporativa, no la técnica.
La “información nutricional tradicional” permanece vigente
La más cínica. Esa tabla en letra pequeña en el dorso del envase, con porcentajes de valores diarios referidos a una dieta de 2.000 kilocalorías, requiere un conocimiento previo que la mayoría de los consumidores no tiene y no debería tener que adquirir para comprar un yogur. El octógono es comprensible en un segundo. La tabla, no. Sustituir uno por la otra no es mantener la información: es eliminarla.
Lo que el Gobierno omite
El cuadro epidemiológico que el Gobierno omite es este: el 73% de los adultos argentinos tiene índice de masa corporal elevado. El 39% vive con obesidad. El 41% de los chicos y adolescentes tiene sobrepeso u obesidad. En 2021, más de 10.000 muertes prematuras estuvieron vinculadas al exceso de peso. Las enfermedades no transmisibles son la primera causa de muerte en el país. Frente a eso, la ley que se quiere derogar podría, según el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de la UBA, reducir un 25% el consumo de bebidas azucaradas y evitar más de 100.000 casos de sobrepeso en menores.
OPS, OMS, UNICEF y FAO respaldaron la ley cuando se sancionó. Ninguno de ellos revisó esa posición. El único que cambió de postura fue el Gobierno argentino.
El artículo 42 de la Constitución garantiza a los consumidores el derecho a la información adecuada y veraz. La Ley 24.240 lo reglamenta. El Estado tiene una obligación positiva: no basta con no engañar; hay que garantizar que el ciudadano pueda entender lo que compra. Derogar el etiquetado frontal es incumplir esa obligación.
No se trata de paternalismo, como dicen los que quieren eliminar la ley. Se trata de que el Estado no ponga su aparato normativo al servicio de quien fabrica el producto, sino de quien lo compra. Esa es la diferencia entre defensa del consumidor y lobismo con sello oficial. Adorni firma el proyecto. La industria alimentaria lo festeja. El consumidor, una vez más, paga la cuenta.
Mario Vadillo
