AYSAM, Irrigación, la Subsecretaría de Ambiente y la Municipalidad de Guaymallén firmaron el 14 de mayo un convenio para “mitigar” los desbordes cloacales de Los Corralitos. Lo presentaron como una solución. No lo es. Es un acuerdo entre quien contamina y quienes deberían controlarlo, firmado tres días después de que Irrigación le aplicara a AYSAM una multa récord de 120 millones de pesos por vuelco clandestino de efluentes crudos, y siete días antes de que la misma AYSAM anunciara que va a la Justicia para no pagarla. La cronología no se explica sola.
Leí el documento. Leí todo lo que se publicó sobre él. Tiene siete fallas estructurales que lo convierten en un ejercicio de cosmética administrativa con dimensiones de escándalo.
Un cheque en blanco con plata pública
Funcionarios del Ejecutivo admitieron textualmente, ante la consulta sobre el costo del plan: “¿Cuánta guita? No sabemos, está por establecerse. Pero no importa. Lo que sea, hay que pagarlo”. Esa frase está publicada en Diario Uno este 24 de mayo. Significa lisa y llanamente que el Estado provincial firmó un convenio sin presupuesto definido, sin licitación pública mencionada, sin techo de gasto, sin auditoría previa. Plata del contribuyente, sin precio. En cualquier país medianamente serio, eso es causal de nulidad y de investigación administrativa.
Un solo dueño beneficiado
El predio receptor de los efluentes cloacales, ubicado en Puente de Hierro casi en el límite con Lavalle, “figura con un único titular”. En los mapas oficiales son 56 hectáreas, pero hay funcionarios que hablan de casi el doble. ¿Quién es ese propietario único que recibe los efluentes cloacales de 600 mil mendocinos en su finca? ¿Qué contraprestación recibe del Estado? ¿En qué condiciones se firmó esa cesión? Mientras esas preguntas no tengan respuesta pública, el convenio carga con una sospecha que ningún Estado serio puede permitirse: que se está construyendo un negocio inmobiliario y patrimonial a la sombra de una catástrofe sanitaria.
Firmaron antes de tener los estudios
El propio Diario Uno confirma que “los líquidos todavía no van a ser conducidos, aún falta una serie de estudios para eliminar al máximo todo posible problema”. Es decir: firmaron el convenio antes de tener los estudios ambientales completos. Comprometieron a cuatro organismos del Estado, autorizaron el trasvase, aprobaron el plan, y solo después van a estudiar si esto se puede hacer sin contaminar. La Ley General del Ambiente 25.675 establece el principio precautorio: la ausencia de información o certeza científica no puede usarse como razón para postergar medidas eficaces que eviten la degradación del ambiente. Acá lo aplicaron al revés: la ausencia de estudios se usó como pretexto para firmar igual.
Sin fechas, sin obras estructurales
El convenio reconoce que la Colectora Máxima Noreste fue diseñada para 180.000 habitantes y hoy recibe los efluentes de más de 526.000. El sistema está triplicado. Frente a esa magnitud, el acuerdo no fija un solo plazo para las obras definitivas. Habla de “metas concretas de avance” sin definir cuáles, “revisiones periódicas” sin decir cada cuánto, y “obras de corto, mediano y largo plazo” sin precisar ninguno de los tres. El propio titular de Irrigación, Sergio Marinelli, admitió en MDZ Radio que “el trabajo de mitigación se está tratando de solucionar con las medidas de corto plazo que para mí son de mediano plazo”. Traducción: nadie sabe cuándo termina esto.
Sin sanción para regantes contaminados
Acá aparece otra perla. Funcionarios reconocieron que ante un problema de contaminación se ordenará a los regantes del arroyo Fernández y zona aledaña que no rieguen. Y agregaron textualmente: “No está establecida por ahora cuál es la multa o penalización si desoyen eso. Queda para más adelante”. Es decir: los productores podrían seguir regando hortalizas con cloacas y formalmente no pasa nada. Y a los productores que sí cumplan, tampoco se los compensa por las pérdidas. Es la peor de todas las regulaciones: la que no obliga al cumplimiento ni protege a quien cumple.
Sin controles independientes
El convenio obliga a AYSAM a presentar un “plan de actuación” donde detalle “cómo controlará la conducción de los efluentes”. Lean bien: el que controla es el mismo que contamina. AYSAM se autocontrola, AYSAM monitorea, AYSAM mantiene, AYSAM repara, AYSAM reporta. Los organismos firmantes se comunicarán mediante “correos institucionales”. Un sistema de monitoreo serio requiere un tercero técnico independiente, con potestad de inspección sin aviso previo, financiado fuera de AYSAM. Nada de eso está. Lo que hay es la palabra de la empresa que ya destruyó deliberadamente la pared del Ramo 12 y volcó cloacas crudas sin autorización, con conducta calificada por la propia Irrigación como “dolosa y agravada”.
Sin indemnización para las víctimas
Acá está la falla más grave. El convenio se firma entre cuatro organismos del Estado mientras la UNCuyo confirmó que muestras de agua del barrio no son aptas para consumo humano. Mientras los vecinos pagaron de su bolsillo el estudio bacteriológico que el Estado debió haber hecho. Mientras AYSAM intenta atribuir esa contaminación a “tanques domiciliarios” sin presentación formal. Y el convenio no destina un peso para los damnificados. Ni para reparar los daños sanitarios ya ocurridos, ni para compensar la pérdida del valor de las propiedades, ni para los gastos de salud, ni para garantizar agua potable mientras se “mitiga”. Las víctimas no aparecen en el documento. Son el sujeto invisible del acuerdo.
Lo que el convenio sí logra
La firma del 14 de mayo cae exactamente entre dos fechas críticas: la multa récord de Irrigación del 11 de mayo, y el vencimiento del plazo de los fiscales Capizzi y Blanco —que actúan en la Unidad de Delitos Ambientales— para imputar a la cúpula de AYSAM, que vence justamente esta semana. El convenio entre organismos administrativos puede operar como atenuante en sede penal, descomprimir la presión judicial y permitir que la directiva de AYSAM siga en funciones mientras pelea económicamente la única consecuencia real que tuvo, esos 120 millones que ahora judicializa. Lo que el convenio logra con eficacia notable es proteger a quien firmó como representante de la empresa, no a quienes viven con los desbordes en la puerta.
Esto no es un plan de mitigación. Es un acuerdo entre el contaminador y el regulador para sostener la fachada mientras se construye, con plata pública y sin presupuesto definido, una solución cuyo principal beneficiario inmediato es un propietario único cuya identidad nadie hizo pública. Greenwashing institucional, con membrete oficial, sin fechas, sin sanciones, sin reparación, sin víctimas reconocidas, sin costo establecido y sin estudios previos. Un papel para la foto, firmado a una semana de una imputación penal.
El artículo 41 de la Constitución Nacional garantiza el derecho a un ambiente sano. El artículo 42 garantiza el derecho a la información y a la salud de los consumidores. La Ley General del Ambiente 25.675 obliga a reparar el daño, aplicar el principio precautorio y garantizar la participación ciudadana en las decisiones que lo afectan. La Ley provincial 9070 obliga al Estado a publicar la información de actos como este. Ninguno de esos principios aparece en este convenio, y ningún ciudadano de Mendoza puede leerlo todavía porque no fue publicado en el Boletín Oficial. Lo que está oculto, en política pública, casi siempre está oculto por una razón.
Que aparezca el texto completo del convenio. Que aparezca el nombre del propietario único. Que aparezca el costo total. Y que se sepa, de una vez, si el Estado mendocino sigue protegiendo a sus vecinos o si solo está cubriendo a quienes ya admitieron que no saben cuánta plata pública van a gastar para tapar este desastre.
Mario Vadillo
