Tengo en la mano un paquete de milanesas de pollo supercongeladas de una marca conocida. Dice “pollo” bien grande en el frente. Abajo, dos octógonos negros: exceso en grasas totales, exceso en sodio. No porque sea pollo de mala calidad. Sino porque el proceso industrial —el prefrito, el rebozador, la sal añadida, el caldo de verdura— transforma una proteína magra en un producto con 904 miligramos de sodio por porción. Más del doble de lo recomendado.
Esa información está ahí, visible, antes de que el consumidor llegue a la caja. Eso es exactamente lo que el Gobierno de Milei quiere eliminar.
El lobby que nunca paró
La Ley 27.642 de Etiquetado Frontal no molestaba a los consumidores. El 90% de la población considera que los sellos permiten identificar rápidamente productos poco saludables, y más de la mitad afirmó haber modificado sus decisiones de compra a partir de los octógonos. Eso no es una ley que falla. Es una ley que funciona.
Le molestaba a la industria. Y la industria en Argentina tiene nombre: la COPAL, la Coordinadora que agrupa a las principales compañías de alimentos y bebidas del país. Su presidente, Daniel Funes de Rioja, fue explícito desde el principio: la ley “atenta contra la productividad del sector”.
Cinco años atrás, mientras en el Congreso se debatía el proyecto, por los pasillos y despachos era frecuente la presencia de representantes de las empresas de gaseosas, de los grandes ingenios de azúcar de Tucumán y de la COPAL. Los mensajes llegaban también a través de los intendentes de zonas vinculadas a la producción de alimentos. Hubo reuniones insistentes, subidas de tono. Generales y, también, reducidas, con visitas despacho por despacho.
No les alcanzó. La ley se aprobó igual. Entonces esperaron.
Por qué eliminan y no modifican
Esta es la pregunta que nadie en el oficialismo responde.
Si el problema fuera técnico —umbrales mal calibrados, criterios inadecuados, confusión en el consumidor— la solución lógica sería modificar la ley. Ajustar los parámetros. Mejorar el sistema. El Gobierno busca la derogación absoluta, no una modificación ni un proyecto alternativo. Con esto, evidentemente, lo que se pretende es retornar al estado anterior que tenía la industria, donde las empresas podían elaborar cualquier producto con excesivos niveles de sal, azúcar o grasas saturadas sin ningún tipo de advertencia.
El octógono no solo informa: obliga a reformular recetas. Y reformular cuesta. La derogación les ahorra ese costo.
Quién gana y cuánto
Las más beneficiadas serán las empresas que mantuvieron estrategias de doble vía: inversión en reformulación técnica y presión política sostenida. No son las PyMEs que el Gobierno menciona en los fundamentos. Son las grandes multinacionales del sector.
El sector de snacks, dulces y bebidas azucaradas recupera la posibilidad de reactivar el marketing agresivo dirigido a niños y adolescentes, un segmento vital para la rotación de sus inventarios. En concreto: vuelven los personajes animados en las cajas de cereales, las promociones de figuritas en los paquetes de papas fritas, todo lo que estaba prohibido porque los chicos no tienen herramientas para resistir ese tipo de publicidad.
El patrón se repite
No es la primera vez ni es un caso aislado. Es siempre la misma lógica: un sector privado que esperaba hace años una decisión, que presionó legisladores, que puso abogados a redactar proyectos.
En el bufete de abogados de Funes de Rioja se escribió el proyecto de reforma fiscal de Milei. Y él mismo reconoció, sin poder negarlo, que en ese mismo estudio también se redactó la reforma laboral incluida en el DNU 70/23. El mismo Funes de Rioja que durante años condujo la COPAL y peleó contra el etiquetado.
Se quita Zona Fría y ganan las distribuidoras de gas. Se frena la obra pública y se concesionan rutas. Se avanza sobre glaciares y se habilita la minería. En cada caso hay intereses privados concretos detrás. La pregunta no es si hay lobby —hay lobby en todos los gobiernos— sino a qué lobby este gobierno le dice que sí, y qué recibe a cambio.
Lo que pierde el ciudadano
La próxima vez que agarre un paquete de milanesas de pollo en el supermercado, no va a haber ningún octógono negro. Va a haber una tabla nutricional en el dorso, en letra chica, con porcentajes que nadie sabe interpretar. El producto va a seguir teniendo 904 miligramos de sodio. La diferencia es que usted no va a saberlo antes de comprarlo.
Eso no es libertad. Es desinformación organizada en beneficio de quien vende.
