Esta semana el gobierno nacional abrió el registro para que cualquier taller mecánico que cumpla los requisitos técnicos pueda realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Manuel Adorni lo anunció sin rodeos: “Se termina el monopolio de las plantas de VTV.” La medida, instrumentada mediante la Resolución 32/2026, crea un padrón nacional, público, gratuito y digital. Inscripción por declaración jurada. Habilitación automática si el Estado no responde en plazo. Sin porteros, sin discrecionalidad, sin que nadie decida a dedo quién entra al negocio.
Para que la reforma rija en cada provincia, los gobernadores tienen que adherir. Y aquí viene lo importante.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue muy claro cuando lanzó la reforma: “Veremos ahora si las provincias adhieren. Será el principio de revelación que siempre comenta nuestro presidente: gobernador que no adhiere, será porque tiene un curro asociado al tema.”
Cornejo no adhirió. Su ministro Mema salió a explicar que no hace falta porque Mendoza “ya tiene un sistema abierto”. Lo que no dijeron es que, en cuanto se anunció la reforma, el gobierno provincial y los empresarios de talleres verificadores acordaron no opinar públicamente hasta leer el decreto, y desde el Palacio de Gobierno interpretaron la medida como dirigida a Buenos Aires, no a Mendoza.
Claro. Nunca es para ellos.
El sistema “abierto” que no es tan abierto
Mema tiene razón en un dato menor: en Mendoza no hay una concesión única firmada en un sobre como en otras provincias. Eso es todo lo que tiene razón. Porque los talleres que pueden hacer RTO en Mendoza son los que el Estado provincial decide habilitar, con equipamiento específico que demanda una inversión que no está al alcance de cualquiera, con plazos de aprobación que dependen de cuándo le conviene al funcionario de turno y sin ningún mecanismo automático si ese funcionario se hace el distraído. El resultado es el de siempre: pocos talleres, siempre los mismos, con la rentabilidad garantizada por una exclusividad que no figura en ningún contrato pero que existe igual.
Lo que la reforma nacional elimina es exactamente eso: el momento en que alguien decide quién puede y quién no puede. La habilitación automática destruye el negocio político. Por eso Cornejo no adhiere.
La pregunta que el gobierno provincial nunca responde
Antes de hablar de cómo se administra el sistema, hay que hablar de para qué sirve. El 90% de los accidentes viales en Argentina ocurre por error humano. Solo el 10% tiene alguna vinculación con fallas mecánicas. Las autoridades provinciales de seguridad vial identificaron que las causas de los siniestros mendocinos son el alcohol, la velocidad y el uso del celular al volante. Las fallas del vehículo no aparecen en el podio.
Nadie en el gobierno de Cornejo puede mostrar un solo estudio que demuestre que la RTO obligatoria redujo los accidentes en Mendoza. No existe ese estudio. Lo que existe es la obligación de pagar, la fila para cumplirla y la oblea en el parabrisas que no le salvó la vida a nadie.
La RTO, tal como funciona, no es seguridad vial. Es recaudación con relato preventivo.
El antecedente que Mema borra de la historia
En 2019, desde la propia Legislatura mendocina se advirtió que la RTO era un negocio que superaría los 200 millones de pesos anuales y que había que impedir que se convirtiera en “un nuevo foco de negocios políticos como pasó con la verificación policial con el manejo de policías retirados.” El aviso aludía directamente al esquema CERPOL —la verificación vehicular policial que durante años funcionó como caja política con uniformados retirados al frente. Cornejo terminó anulando por decreto la licitación original de la RTO porque los propios empresarios denunciaron que estaba arreglada.
El sistema que emergió de ese escándalo es el que Mema defiende hoy con orgullo en las redes sociales.
Sturzenegger dijo que el gobernador que no adhiere tiene un curro. Cornejo no adhirió. El ministro Mema salió a explicar que todo está bien. Los mismos talleres siguen operando. La oblea sigue costando lo que cuesta.
Saquen sus propias conclusiones.
