La Justicia obliga a PAMI a pagar en 72 horas: qué podés hacer vos

El 23 de junio de 2026, el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba —a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja— ratificó una orden que el Gobierno había apelado: PAMI e Incluir Salud deben regularizar en 72 horas los pagos pendientes a todos los prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad. Las demoras acumuladas superan los cinco meses. Y mientras el Estado litigaba en tribunales para evitar cumplir, instituciones como APADIM Córdoba, el Pequeño Cottolengo Don Orione, centros educativos terapéuticos y hogares de convivencia estaban partiendo los sueldos en dos, endeudándose con proveedores y poniendo en riesgo la provisión de medicamentos para sus asistidos.

El juez fue contundente: “cualquier argumento tendente a justificar la demora del Estado en cumplir con sus más elementales obligaciones resulta inadmisible”. No hay matices. No hay excusas presupuestarias que valgan cuando del otro lado está el acceso a la salud de personas con discapacidad grave. El fallo —cubierto por La Nación y Perfil— es una señal clara y también una herramienta legal que podés usar en cualquier provincia.

Qué ordenó exactamente la Justicia Federal

El caso fue iniciado como amparo colectivo por una madre cordobesa en nombre de su hijo, una persona con discapacidad que depende de esas prestaciones. Lo que empezó como un caso individual se convirtió en protección para toda una colectividad. La resolución tiene tres ejes que importa entender:

• Cancelar todas las facturas pendientes al momento de la notificación. No un plan de pagos: liquidar todo lo adeudado.
• Prohibición de nuevas demoras en futuras liquidaciones. El fallo no solo resuelve el pasado; impone una obligación hacia adelante.
• Alcance colectivo nacional: el juez extendió los efectos de la sentencia a toda la población de personas con discapacidad que reciben pensiones no contributivas y cobertura a través de Incluir Salud o PAMI. No solo al niño cuya madre inició el amparo.

El Gobierno había apelado la medida cautelar original dictada en mayo. La Justicia Federal de Córdoba la ratificó de todas formas. Eso tiene un nombre en derecho: el Estado intentó frenar el cumplimiento de una obligación legal y la Justicia le dijo que no.

Qué está en riesgo y quiénes se ven afectados

Las instituciones que denunciaron la situación reportaron una combinación de señales de alarma reales:

• Sueldos pagados en dos partes por falta de liquidez.
• Deudas acumuladas con proveedores de alimentos, medicamentos e insumos básicos.
• Riesgo de cierre o reducción de servicios en hogares de convivencia y centros de día.
• Provisión de medicamentos comprometida para quienes los reciben a través de estos centros.

Las personas más afectadas son quienes no pueden simplemente “cambiar de prestador”: sus tratamientos requieren continuidad, equipo especializado y vínculos de confianza construidos durante años. Para una persona con discapacidad severa, interrumpir la rehabilitación no es un inconveniente temporal; puede ser un retroceso permanente. Como expliqué en esta nota, si tenés CUD la ley establece obligaciones muy concretas que ni PAMI ni ninguna obra social puede ignorar.

Y esto no se limita a Córdoba. La crisis de deudas de PAMI e Incluir Salud con prestadores de discapacidad se repite en todo el país, incluida Mendoza. La sentencia de Córdoba es un precedente que cualquier familia puede invocar ante la Justicia Federal de su distrito.

Qué podés hacer si tu cobertura está en riesgo

No hace falta esperar a que el Estado cumpla por las buenas. Si sos afiliado de PAMI o recibís cobertura a través de Incluir Salud y estás teniendo problemas, estos son los pasos concretos:

1. Documentá todo ahora. Guardá cada prescripción médica, cada factura de prestación, cada comunicación del centro o prestador. Si la institución te avisa que puede interrumpir el servicio por falta de pago de PAMI o Incluir Salud, pedí esa notificación por escrito o por mensaje.
2. Reclamá formalmente ante PAMI. Llamá al 0800-222-7264 (gratuito) o concurrí a la sucursal más cercana. Pedí número de expediente: es tu constancia de que el reclamo existe y la fecha desde la que corre el plazo de respuesta.
3. Usá el canal digital. PAMI habilitó una plataforma en línea para reportar fallas, especialmente en descuentos de medicamentos. Registrá el problema: queda asentado con fecha.
4. Presentá una denuncia ante Defensa del Consumidor. PAMI es, a todos los efectos legales, un proveedor de servicios de salud alcanzado por la Ley 24.240. La denuncia es gratuita, no requiere abogado y abre la instancia de mediación.
5. Considerá el amparo. El fallo de Córdoba muestra que el amparo colectivo funciona incluso cuando el Estado apela. Si la interrupción de cobertura es inminente y el daño es grave e irreparable, la vía judicial es una opción real. Los plazos corren: asesoráte cuanto antes.

La crisis estructural del sistema de obras sociales no tiene solución inmediata, pero el derecho de cada afiliado a recibir lo que le corresponde sí tiene respaldo legal concreto. No se puede aceptar como “normal” que el Estado incumpla contratos con las instituciones que atienden a los ciudadanos más vulnerables. La Justicia lo ratificó esta semana. Ahora es cuestión de que cada familia sepa que tiene herramientas para exigirlo.

Si tu situación con PAMI o Incluir Salud se volvió urgente y necesitás orientación sobre cómo actuar, contame el caso. Los plazos en materia de amparo son cortos y cada día cuenta.

Base legal

• CN art. 43 — Amparo individual y colectivo frente a actos del Estado que vulneren derechos constitucionales como la salud. Constitución Nacional
• CN art. 42 — Derecho de los consumidores y usuarios a prestaciones de calidad y a la protección de sus intereses económicos en servicios de salud.
• Ley 24.901 — Sistema de prestaciones básicas de atención integral a personas con discapacidad: obliga al Estado a financiar y garantizar la red de prestadores habilitados. Infoleg
• Ley 24.240 art. 4 — Derecho del usuario de servicios de salud a información cierta y oportuna; PAMI queda alcanzado como proveedor.

Preguntas frecuentes

¿El fallo de Córdoba me protege si vivo en Mendoza u otra provincia?

El fallo tiene alcance colectivo para todos los beneficiarios de pensiones no contributivas con cobertura Incluir Salud o PAMI. Como precedente, además, sustenta acciones similares en cualquier provincia. En Mendoza podés iniciar un amparo ante los juzgados federales si tu cobertura se interrumpe.

¿PAMI tiene obligación legal de responder mis reclamos?

Sí. PAMI es un proveedor de servicios de salud alcanzado por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Si no responde en plazo razonable, ese silencio puede ser considerado denegatoria y habilita denuncias ante la Superintendencia de Servicios de Salud o ante Defensa del Consumidor.

¿Puedo iniciar un amparo si me interrumpen la cobertura de discapacidad?

Sí. El artículo 43 de la Constitución Nacional habilita el amparo cuando la interrupción de cobertura esencial amenaza derechos como la salud y la integridad física. La urgencia y el daño irreparable son condiciones que suelen cumplirse cuando se trata de tratamientos de rehabilitación o medicamentos esenciales. Los plazos son cortos: consultá de inmediato.

¿Qué hace Incluir Salud y quiénes son sus beneficiarios?

Incluir Salud (ex PROFE) es el programa del Ministerio de Salud que financia las prestaciones de personas con discapacidad que reciben pensiones no contributivas del Estado. Sus beneficiarios tienen derecho a cobertura integral garantizada por la Ley 24.901.