RESPUESTA RÁPIDA: La familia de Luján se intoxicó por monóxido de carbono al calentar su casa con brasas porque el gas está duplicado. Es una consecuencia predecible del tarifazo sin regulación: cuando el precio se vuelve inaccesible, la gente busca alternativas peligrosas. El Estado incumple su obligación de garantizar servicios esenciales en condiciones dignas.
Monóxido de carbono: la muerte anunciada por tarifazo
Familia intoxicada en Luján por calefaccionarse con brasas: síntoma de una falla regulatoria
La madrugada del sábado 4 de julio, tres personas de Luján —dos mujeres de 50 y 44 años, un hombre de 49— tuvieron que ser trasladadas de urgencia al Hospital Regional tras sufrir intoxicación por monóxido de carbono. La causa: calefaccionarse con brasas dentro de su vivienda durante varias horas.
La noticia ocupó una línea en los policiales. Nadie la conectó con lo que pasó apenas 48 horas antes en Casa Rosada.
“Que se abriguen más”
El 30 de junio, el nuevo vocero presidencial Adrián Ravier debutó en conferencia de prensa con una defensa cerrada de los aumentos tarifarios. Números: gas duplicado, agua duplicada, electricidad duplicada. Justificación: “sinceramiento de precios”, “no hay almuerzo gratis”, cita a Milton Friedman.
Pero lo que quedó grabado en las redes y en la memoria colectiva fue esto: “Ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme más que prender el gas”.
Ravier se retractó un día después. Dijo que fue una “frase poco feliz”, que “no fue esa la intención”, que “este Gobierno cuida a los más humildes”. Pero el daño ya estaba hecho. Porque la frase, aunque desafortunada, era lógicamente consistente con la política.
Si duplicás el gas en invierno y no regulás qué alternativas quedan, ¿qué esperas que pase?
El escenario real
Según datos de la UBA (Instituto Interdisciplinario de Economía Política), entre diciembre de 2023 y junio de 2026, las tarifas de gas subieron 2.073%. La inflación general en ese mismo período fue 236%. El gas subió casi 9 veces más rápido que los precios generales.
Una familia de ingresos medios-bajos que pagaba $3.000-4.000 de gas hace dos años hoy enfrenta facturas de $70.000, $80.000 o más. No es un “cambio de hábito”. Es una elección forzada entre pagar gas o comer. Entre calentar la casa o pagar servicios.
¿Qué pasa en esa tensión? Pasan cosas que ningún vocero menciona en conferencia:
- Braseros encendidos en dormitorios sin ventilación.
- Anafes en la cocina usados como calefacción.
- Hornos abiertos funcionando toda la noche.
- Familias que comparten una sola pieza para concentrar calor.
Todas prácticas generadoras de monóxido de carbono. Todas potencialmente mortales. Todas —todas— conectadas directamente a una decisión de política tarifaria sin red de contención.
La responsabilidad regulatoria que el Estado elude
El Estado argentino, a través de sus órganos reguladores (ENARGAS, Ente Regulador del Gas y la Electricidad), tiene deberes explícitos:
1. Regular el acceso a servicios esenciales. El gas es un servicio público. Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, Art. 42 CN: el consumidor tiene derecho a “condiciones de vida digna”.
2. Proteger a usuarios vulnerables. Existe el régimen de Zonas Frías justamente porque el Estado reconoce que en invierno, sin subsidio, hay gente que no puede pagar. El Gobierno está intentando achicarlo, pero subsiste el reconocimiento normativo de que sin subsidio = riesgo sanitario.
3. Establecer medidas transitorias ante cambios abruptos. La teoría de la regulación estipula que cambios de este impacto requieren cronogramas, exenciones progresivas, revalúos de focalización. No: “duplicemos todo en invierno”.
Lo que vemos es lo opuesto: eliminación de subsidios focalizados, rechazo del régimen de Zona Fría en municipios templados (contrasentido total: hace frío en todo el país en invierno), desdoblamiento de tarifas que castiga a los sin subsidio.
La muerte anunciada
Cuando un vocero presidencial —en plena ola polar, inicio de junio— dice públicamente que la gente debe “abrigarse en vez de prender el gas”, eso no es una ocurrencia desafortunada.
Es una admisión implícita de que sabe que va a haber gente que no va a poder pagar y que el Gobierno la obliga a buscar alternativas peligrosas.
Luego, esa gente enciende braseros. Tapa las ventanas. Respira monóxido. Se intoxica. Y entra en los policiales del sábado: “tres personas trasladadas de urgencia”.
Lo que dice la ley
Ley 24.240 (Defensa del Consumidor), Art. 10: “El proveedor debe suministrar prestaciones acordes con los términos de la oferta, en forma segura, para lo cual debe observar las normas legales y reglamentarias aplicables”.
Ley 17.250 (Lealtad Comercial), Art. 2: “Se considera desleal todo acto que importe engaño, fraude, restricción o perturbación de la libre competencia”.
Decreto 1122/2024 (Subsidios Energéticos Focalizados): establece condiciones mínimas de acceso para hipervulnerables.
Pero la norma presupone que el Estado regula en el mercado y que no deja huecos donde la gente tenga que elegir entre no calefaccionarse o intoxicarse. El Gobierno argumenta que la “no intervención” es lo eficiente. La evidencia es más cruda: cuando no hay red, la gente busca riesgos.
¿Qué tiene que pasar?
- Auditoría pública de muertes y intoxicaciones vinculadas a calefacción alternativa durante 2024-2026. Necesitamos saber el costo real de los tarifazos.
- Restablecimiento del régimen de Zona Fría para todo el país. No es un subsidio “populista”. Es una medida de salud pública.
- Congelamiento transitorio de tarifas en invierno para hipervulnerables. Mientras se implementa un fondo solidario de energía.
- Responsabilidad legal del Estado. Si el ENARGAS aprueba una tarifa sabiendo que generará alternativas inseguras, hay incumplimiento de sus obligaciones regulatorias. Eso es justiciable.
- Publicidad clara sobre riesgos de calefacción alternativa. El Ministerio de Salud debe emitir alertas masivas cada invierno en comunidades donde se eliminaron subsidios.
Lo esencial
Lo que ocurrió en Luján no fue un accidente. Fue una consecuencia predecible, prevista y evitable de una decisión política. Cuando Ravier dijo que “la gente se abriga”, estaba describiendo (sin saberlo del todo) lo que pasa en Luján: familias que eligen calor de brasero sobre gas porque el tarifazo las obliga.
Ahí está el puente entre Casa Rosada y el Hospital Regional de Luján. El Estado tiene la obligación de regularlo. Y está fallando.
Dr. Mario Vadillo
Abogado — Defensa del Consumidor
Estudio Vadillo | mariovadillo.com.ar
Matrícula T° 75 F° 347, Colegio de Abogados de Mendoza
