El caso ACIAR marcó un hito en la defensa de los derechos de los consumidores al convertirse en el primer fallo colectivo ejemplar en autoplanes que, a través de rigurosas pericias, demostró que los fabricantes y las administradoras de planes de ahorro aplicaban precios diferenciales injustos.
Según las pruebas, el ahorrista que adquiría un vehículo a través de un autoplan pagaba, en promedio, un 14% más que el comprador directo en una concesionaria. Este desfasaje generó la obligación de recalcular las cuotas de los autoplanes, devolver los excedentes y liberar las prendas de los vehículos.
Sin embargo, este precedente representa un problema enorme para las automotrices y administradoras de autoplanes. De ser aplicado a nivel nacional, abriría la puerta a miles de reclamos en otras provincias y las obligaría a devolver sumas millonarias cobradas de forma indebida. Por esta razón, se han desplegado múltiples estrategias legales, incluyendo recursos y apelaciones, para retrasar el dictado de una sentencia definitiva.
Recientemente, la Segunda Cámara de Apelaciones de Mendoza añadió un nuevo capítulo a esta saga judicial. El Tribunal resolvió suspender la ejecución de la sentencia hasta el 20 de febrero de 2025, fijando además una audiencia de conciliación para el 18 de diciembre. Este movimiento busca prolongar la resolución definitiva del conflicto relacionado con los autoplanes.
Pero cualquier posibilidad de conciliación debe cumplir con el artículo 54 de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece que en acuerdos o transacciones de este tipo es obligatorio garantizar los intereses de los consumidores afectados. Además, la homologación de un acuerdo requiere de un auto fundado que justifique su contenido. En este caso, resulta difícil imaginar cómo podría pasarse por alto la contundencia de las pruebas presentadas para reducir lo cobrado de más o incluso hacer un acuerdo de saldo cero o de compensación recíproca de saldos, solo para beneficiar a las automotrices y administradoras de autoplanes.
El caso ACIAR no solo busca reparar el daño económico a los titulares de autoplanes, sino también sentar un precedente contra prácticas abusivas en el mercado automotor. Permitir que este fallo sea diluido o conciliado sin respetar las pruebas presentadas pondría en riesgo la credibilidad del sistema judicial y los derechos de los consumidores.
El desenlace de este caso es crucial no solo para los ahorristas mendocinos, sino también para los contratantes de autoplanes de todo el país. La demora en la ejecución de la sentencia evidencia una estrategia para debilitar el impacto de este fallo. Es fundamental que tanto el Ministerio Público Fiscal como la Cámara de Apelaciones prioricen la transparencia y los intereses de los afectados, respetando los fundamentos que hicieron de ACIAR un precedente histórico para los autoplanes.
Nota publicada originalmente en MDZ Online – Consumidores
