IPV Mendoza: la nueva ley de desalojos y cómo defenderte

El 23 de junio de 2026, la Legislatura mendocina le dio la sanción definitiva a una ley que modifica cómo el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) puede recuperar las casas que adjudica. La norma, impulsada por el gobierno de Cornejo, incorpora los juicios monitorios abreviados como herramienta para agilizar los desalojos cuando un beneficiario incurra en mora reiterada, subarrendamiento ilegal o irregularidades en la adjudicación. El debate legislativo no fue tranquilo, y con razón: la ley toca derechos que están garantizados en la Constitución.

Antes de que te alarmes: el IPV tiene apenas 28 casos registrados en situación irregular en toda la provincia. No es una ley pensada para barrer con miles de familias, pero sí establece un procedimiento que, mal aplicado, puede vulnerar el derecho a la vivienda y al debido proceso de los adjudicatarios más vulnerables. Por eso es importante que conozcas cómo funciona, tal como lo informó MDZ.

¿Qué cambió exactamente con esta ley?

Hasta ahora, si el IPV quería recuperar una vivienda por incumplimiento contractual, tenía que seguir el camino de un juicio ordinario civil de reivindicación, un proceso lento que podía extenderse por años. La nueva ley habilita que, una vez que existe una resolución administrativa firme de desadjudicación, el IPV pueda ir directamente a un juicio monitorio en el fuero de paz. El monitorio es un procedimiento más breve: si el demandado no controvierte en el plazo legal, la sentencia queda firme mucho antes.

Las causales que pueden activar el proceso son:

• Mora en el pago de las cuotas (en la práctica, el IPV inicia notificaciones desde el tercer mes de impago, consecutivo o alternado).
• Subarrendamiento no autorizado: alquilar la vivienda social a un tercero sin permiso del IPV.
• Transferencia irregular: transmitir la tenencia o la titularidad sin autorización.
• Abandono del inmueble.
• Información falsa en la solicitud de adjudicación.

El punto que más me preocupa: el recurso no frena automáticamente el desalojo

Acá está el nudo crítico de la ley, y lo que generó los cuestionamientos constitucionales más serios durante el debate. La norma establece que la presentación de recursos administrativos o judiciales contra la resolución de desadjudicación no suspende automáticamente el trámite. Para que el proceso se detenga, hace falta que una autoridad administrativa o la Suprema Corte de Justicia ordene expresamente la medida cautelar de suspensión.

Esto es problemático. El artículo 18 de la Constitución Nacional garantiza el debido proceso y el derecho de defensa antes de cualquier sanción. Si el Estado puede avanzar con el desalojo mientras el adjudicatario aún tiene un recurso pendiente, la protección queda reducida a lo que el juez decida cautelarmente, no a una garantía de pleno derecho. La Ley provincial 9003 de Procedimiento Administrativo exige motivación y vista previa en los actos que restringen derechos: eso sigue vigente en cada etapa.

Qué podés hacer si el IPV te inicia un proceso

Si recibís una notificación del IPV por mora u otras causales, estos son los pasos que recomiendo:

1. Presentate ante el IPV antes de que se dicte la resolución de desadjudicación. La ley prevé al menos tres instancias de notificación y defensa antes de ese acto definitivo. Usá cada una sin demora.
2. Regularizá la deuda si podés. El IPV tiene programas de refinanciación. Pedí el detalle actualizado de la deuda y solicitá un plan de pagos por escrito.
3. Si la resolución ya está dictada, pedí cautelar judicial de inmediato. Como el recurso no suspende automáticamente, necesitás solicitar ante el juez competente una medida cautelar que frene el desalojo mientras tramita tu impugnación. El tiempo es crítico aquí.
4. Fundá el pedido en el derecho a la vivienda y al debido proceso. El artículo 14 bis de la CN garantiza el acceso a la vivienda digna; el artículo 18, el debido proceso. Ambos son operativos.
5. Buscá asesoramiento gratuito. La Defensa del Consumidor de la Provincia y los consultorios jurídicos de la UNCuyo pueden asistirte sin costo.

Base legal

• CN art. 14 bis — Derecho de acceso a la vivienda digna; garantía operativa de rango constitucional.
• CN art. 18 — Debido proceso adjetivo; nadie puede ser privado de sus derechos sin juicio previo fundado en ley.
• CN art. 42 — Protección del consumidor en la relación de consumo con el Estado proveedor de servicios.
• Ley mendocina 9003 (Procedimiento Administrativo) — texto en SAIJ — Gratuidad, vista y audiencia previa, motivación de los actos que restringen derechos; el adjudicatario debe ser notificado fehacientemente en cada etapa.

Preguntas frecuentes

¿Cuántas cuotas impagas activan el proceso de desadjudicación del IPV?

La ley no fija un número exacto, pero en la práctica el IPV inicia notificaciones a partir del tercer mes de impago (consecutivo o alternado). Antes de dictar la resolución de desadjudicación, el organismo debe otorgar al menos tres instancias de defensa y regularización.

¿Si presento un recurso, el desalojo se suspende automáticamente?

No. La nueva ley establece que los recursos administrativos o judiciales no suspenden automáticamente el proceso. Para frenarlo, es necesario pedir una medida cautelar expresa ante un juez o ante la propia autoridad administrativa antes de que el trámite avance.

¿Puedo refinanciar mi deuda con el IPV para evitar la desadjudicación?

Sí. El IPV tiene programas de refinanciación. Si estás en mora, lo más importante es presentarte antes de que se dicte la resolución de desadjudicación y solicitar un plan de pagos formalmente y por escrito. Actuar rápido puede evitar todo el proceso judicial.

¿Qué derechos tengo si el IPV ya inició el trámite de desalojo?

Tenés derecho a conocer el expediente, a ser notificado de cada acto, a presentar descargo y prueba, y a impugnar judicialmente la resolución. El artículo 18 de la CN y la Ley 9003 de Mendoza amparan tu derecho al debido proceso en cada etapa.