La creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias: ¿Avance técnico o retroceso en el derecho a la salud?

El reciente anuncio del Gobierno argentino sobre la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFiTS) ha generado un intenso debate en el ámbito sanitario, jurídico y social. Esta nueva entidad, dependiente del Ministerio de Salud, tendrá la responsabilidad de evaluar la seguridad, eficacia y costo-efectividad de medicamentos, tratamientos y tecnologías médicas, antes de su incorporación al sistema de salud financiado con recursos públicos.

Si bien el proyecto se presenta como un paso hacia una mayor eficiencia y transparencia en la gestión sanitaria, también abre serias dudas sobre su impacto real en el acceso a la salud, especialmente para los sectores más vulnerables.

Aspectos positivos de la ANEFiTS

La implementación de una agencia especializada en la evaluación de tecnologías sanitarias puede aportar beneficios concretos:

Rigor científico en las decisiones: al centralizar la evaluación en un organismo técnico, se espera que las decisiones se basen en evidencia científica sólida, priorizando tratamientos con beneficios clínicos comprobados.
Optimización del uso de recursos públicos: ANEFiTS permitiría orientar la inversión del Estado hacia tecnologías efectivas y evitar gastos en intervenciones costosas sin impacto sanitario significativo.
Reducción de la litigiosidad sanitaria: la existencia de criterios claros podría disminuir los conflictos entre pacientes y financiadores, aportando mayor previsibilidad al sistema.

Preocupaciones y críticas

Sin embargo, detrás del discurso técnico también surgen preocupaciones profundas sobre los efectos prácticos de esta agencia, especialmente en un país con profundas desigualdades en el acceso a la salud:

Restricción de prestaciones esenciales por criterios económicos: existe el riesgo de que la ANEFiTS funcione como una barrera burocrática que filtre el acceso a tratamientos costosos, incluso cuando están debidamente indicados por los profesionales tratantes. Lo que debería ser una evaluación científica, puede convertirse en una herramienta para justificar recortes encubiertos.
Limitación del acceso a la Justicia: al establecer un “órgano técnico de referencia”, se podría debilitar la posibilidad de los pacientes de recurrir a la vía judicial mediante amparos de salud. Los jueces podrían verse condicionados por informes de la agencia que funcionen, en los hechos, como una excusa técnica para negar tratamientos.
Riesgo de convertir la equidad en retórica: el derecho a la salud no puede reducirse a un análisis costo-beneficio. Cuando una agencia decide que un medicamento “no justifica su costo”, el resultado es que solo lo acceden los ricos. Así, se profundiza la brecha entre quienes pueden pagar tratamientos por fuera del sistema y quienes quedan atrapados en la escasez institucional.
Autonomía y representatividad limitadas: aún no se ha explicado con claridad cómo se conformará esta agencia, quién la integrará ni cómo garantizará transparencia, independencia de intereses privados y participación de pacientes, médicos y organizaciones sociales.

Advertencia necesaria

La creación de la ANEFiTS podría representar una mejora en la calidad del gasto público en salud si se la implementa con equilibrio, controles democráticos y enfoque en el derecho humano a la salud.

Pero si se la utiliza, como ha ocurrido en otras jurisdicciones, para cerrar el paso a nuevos tratamientos, frenar amparos judiciales y blindar recortes con apariencia técnica, estaremos ante un retroceso grave.

No se trata solo de eficiencia, sino de equidad.

Cuando el Estado niega una terapia que puede salvarte o darte calidad de vida, esa puerta queda abierta solo para quien puede pagarla. Y así, lo que debería ser un derecho se convierte en un privilegio.

El debate recién comienza. Y debe incluir no solo a expertos, sino a quienes viven cada día la incertidumbre de depender de un sistema de salud que muchas veces responde tarde, mal o nunca.

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Nota publicada originalmente en MDZ Online – Consumidores

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