Entre USD 7.500 y USD 10.000 millones. Ese es el monto estimado de lo que podría ser la mayor estafa financiera de la historia argentina. No la cometieron desconocidos en una cueva: la protagonizaron empresas, casas de cambio, bancos, fintechs y una firma que llegó a sponsorear a la Selección Nacional. Hoy la Justicia federal tiene a 160 empresarios en la mira y son tres causas paralelas en Comodoro Py. El juez que podría unificarlas es Ariel Lijo.
La mecánica del saqueo
El esquema es más simple de lo que parece, y eso lo hace más indignante. Durante el período del cepo cambiario —entre 2022 y 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández— el BCRA entregaba dólares al tipo de cambio oficial a empresas que supuestamente los necesitaban para importar bienes. La condición era clara: esos dólares iban destinados a la economía real, a traer materias primas, maquinaria, insumos.
Lo que encontró la Justicia es que cientos de empresas no usaron esos dólares para importar nada. Los tomaron al precio oficial, los vendieron en el mercado paralelo al doble o al triple de precio, y se embolsaron la diferencia. El mecanismo pasaba por casas de cambio, billeteras digitales, fintechs y cheques para borrar el rastro. Las autorizaciones llegaban vía el sistema SIRA, dependiente de la Secretaría de Comercio.
El actor central del escándalo es Sur Finanzas, una empresa del financista Ariel Vallejo, que creció exponencialmente de la mano de la AFA. Llegó a ser sponsor oficial de la Liga Profesional, a aparecer en las camisetas de equipos de Primera y Segunda División, y a financiar a la propia Selección. Hoy el BCRA ya suspendió una casa de cambio vinculada a la firma. El Banco BIND cortó relaciones con la entidad. Y la Justicia investiga movimientos sospechosos por alrededor de $819.000 millones de pesos en lavado de dinero.
¿Por qué me importa esto si no tengo nada que ver?
Porque el dinero robado no era de nadie en particular. Era de todos.
Las reservas del BCRA son el respaldo del peso, el ancla que permite que el tipo de cambio no explote de un día para el otro, el colchón que le da margen al Estado para sostener las importaciones de energía, medicamentos y alimentos. Cuando alguien le sustrae USD 10.000 millones a esa caja común, las consecuencias no las absorbe una persona: las absorbemos todos, en forma de inflación, de menor capacidad de compra, de servicios públicos que no se pueden sostener.
¿Cómo? El BCRA que pierde reservas tiene menos herramientas para estabilizar el tipo de cambio. La brecha cambiaria que existió durante esos años —que hizo que los precios en los supermercados fueran imposibles de seguir— no cayó del cielo. Fue el resultado, en buena medida, de que el sistema cambiario fue perforado desde adentro.
No lo digo para hacer política. Lo digo porque llevo años explicando que detrás de cada tarifa impagable, de cada cuota de prepaga que se fue a las nubes, de cada crédito que se tornó inaccesible, hay decisiones que tomó alguien. Y hay responsabilidades que se tienen que asumir.
Lo que tiene que pasar ahora
Tres cosas concretas que deben ocurrir y que como ciudadanos tenemos el derecho de exigir:
- Transparencia judicial. Las tres causas deben avanzar sin dilaciones y sin que los vínculos de los investigados con el poder de turno interfieran en el proceso. La eventual unificación puede acelerar los tiempos o puede concentrar la causa en manos de alguien cuya independencia sea cuestionable. Hay que seguirlo de cerca.
- Recupero del dinero. El Estado debe actuar como querellante activo y buscar el recupero de los activos. En causas similares en otros países se logró repatriar parte del dinero. En Argentina, la historia muestra que las investigaciones se dilatan hasta que los activos desaparecen. Eso no puede repetirse.
- Reforma del control cambiario. El mecanismo que habilitó el robo —la asignación de dólares a importadores sin control efectivo del destino— ya fue modificado en su forma original, pero sus vicios persisten en distintas normas. La regulación del acceso al mercado de cambios necesita controles reales, no formales.
El patrón que se repite
Lo que me preocupa de este caso no es solo la magnitud. Es que no es nuevo. En cada período de restricciones cambiarias —y Argentina tiene décadas de historia en eso— aparecen actores que explotan el sistema para enriquecerse a costa del resto. El ciudadano común que no puede acceder a los dólares para viajar, que no puede importar los repuestos que necesita para su negocio, que ve cómo el peso se licúa: ese es el que pone el cuerpo mientras otros acomodan los dólares oficiales en sus cuentas propias.
La Justicia tiene la palabra. Y nosotros, los ciudadanos, tenemos la obligación de no mirar para otro lado. Esta causa —tres causas en realidad— es demasiado grande para que pase desapercibida.
Si querés seguir de cerca cómo los escándalos del sistema financiero te afectan en el bolsillo y qué podés hacer al respecto, seguí este espacio. Cada semana traduzco lo que pasa arriba al lenguaje de quien tiene que vivirlo desde abajo.
Fuentes: iProfesional – 160 empresarios en la mira | iProfesional – paso a paso de la estafa cambiaria | iProfesional – nuevas revelaciones
