El hospital público no puede seguir siendo la obra social gratuita de las prepagas y las ART

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza actualizó, por resolución 1332, el nomenclador que fija cuánto deben pagar las obras sociales y las prepagas cuando sus afiliados se atienden en un hospital público. La suba promedio es del 10% y rige para todas las prestaciones realizadas desde el 15 de julio de 2026.

Está bien que se actualice. Pero el número que importa no es el 10%. Es otro, y está escondido en la misma noticia: en algunos hospitales públicos de Mendoza, más del 60% de las consultas y prestaciones se le hacen a pacientes que tienen obra social o medicina prepaga.

Leamos eso otra vez. Seis de cada diez personas atendidas en algunos hospitales de la provincia ya le pagan todos los meses a una empresa o a una obra social para que las atienda. Y las atiende el Estado.

Cuánto cuesta lo que regalamos

La resolución pone precio a cosas que hasta ahora casi nadie miraba:

• Un parto o una cesárea, con atención del recién nacido e internación de la madre: $1.509.200
• Un día de internación clínica: $345.000. Si el cuadro es complejo, $420.000
• Un día de internación quirúrgica: $480.000
• Un traslado en helicóptero por emergencia: $4.488.000
• Un rescate aéreo en alta montaña: $7.480.000

Cada vez que una prepaga deriva a un afiliado al hospital público porque le sale más barato, alguien paga esa cuenta. La paga usted, con sus impuestos.

Lo que sí se recuperó, y lo que falta

Hay que decirlo: el sistema mejoró. El Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud (REFORSAL) pasó de recuperar $6.457 millones en 2024 a $16.974 millones en 2025, un 163% más. Y en los primeros cinco meses de 2026 ya recuperó lo mismo que en todo el año anterior.

Pero recuperar más no es lo mismo que recuperar todo. Sigue habiendo prestaciones que nunca se facturan porque en la admisión nadie preguntó ni registró la cobertura. Sigue habiendo facturas que se emiten tarde, cuando la inflación ya se comió el valor. Y sigue habiendo obras sociales y prepagas que directamente no pagan, y no les pasa nada.

El vaciamiento que casi nadie discutió

Hasta hace poco existía un mecanismo nacional que obligaba a los agentes del seguro de salud a pagarle al hospital público de manera prácticamente automática. El régimen de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada, creado por el decreto 939/2000, fue reemplazado por el decreto 343/2023, y este a su vez fue derogado por la reglamentación del DNU 70/23, que convirtió aquel pago obligatorio en convenios de “acuerdo libre entre partes”.

Traducido: lo que antes era una obligación con procedimiento y plazo, hoy depende de que la obra social se siente a negociar. El que tenía la sartén por el mango la perdió, y es el Estado.

Conviene recordar, además, que el artículo 20 de la Ley 26.682 de Medicina Prepaga es claro: aunque no exista convenio previo, las prepagas deben abonar al hospital público las prestaciones efectuadas y facturadas. No es un favor ni una gentileza. Es la ley.

Las ART: el capítulo del que nadie habla

Hay un rubro todavía más escandaloso. Cuando un trabajador se accidenta y termina en un hospital público, la asistencia médica y farmacéutica está legalmente a cargo de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (artículo 20 de la Ley 24.557). No del Estado. De la ART, que cobra una alícuota mensual del empleador precisamente para eso.

Lo mismo ocurre con las víctimas de accidentes de tránsito cubiertas por un seguro. Sin embargo, buena parte de esos ingresos se registran como pacientes comunes, sin identificar el origen laboral o vial, y la factura nunca sale. El seguro cobró la prima, el hospital puso los recursos, y la diferencia la absorbe el presupuesto público.

La herramienta ya existe. No se usa.

Lo más irritante de todo esto es que el instrumento para ordenarlo está inventado hace años y es gratuito.

La certificación negativa de ANSES es un comprobante que deja constancia de que una persona no registra declaraciones juradas como trabajador en relación de dependencia, ni aportes como autónomo, monotributista o personal de casas particulares, ni cobro de prestaciones previsionales, ni obra social. Es decir: acredita con un papel oficial, en línea y sin costo, que alguien está efectivamente fuera del sistema de cobertura.

En los efectores públicos ese comprobante debería requerirse en toda atención que no sea una urgencia ni un accidente. No para negarle nada a nadie: para dejar asentado quién es realmente un paciente sin cobertura y quién no. De ese dato, y de ningún otro, depende toda la facturación posterior. Sin ese registro, la prestación se pierde en el aire y ya nadie la puede cobrar.

En la práctica no se pide, o se pide y no se carga. Y esa omisión no es un descuido administrativo.

Hay demasiada gente cómoda con este desorden

Cuando algo tan simple no se cumple durante años, no es por torpeza. Es porque a alguien le sirve.

A la empresa le conviene que el accidente de su empleado lo absorba el hospital público, y no la ART cuya alícuota paga todos los meses precisamente para eso. A la obra social sindical le conviene que su afiliado haga la cola del hospital y no que ella tenga que erogar la prestación. A la prepaga le conviene derivar el caso caro, el que rompe el margen. Todos ahorran. Ninguno pone.

El que pone es el contribuyente. El que espera es el que no tiene nada.

Quién paga esta fiesta

La paga el que no tiene nada. El changarín sin recibo de sueldo, la trabajadora de casas particulares en negro, el jubilado con la mínima, el desocupado. Ellos hacen la cola que engrosan los afiliados de prepagas, y esperan el turno que se demora porque el quirófano está ocupado por un paciente cuya empresa de medicina prepaga jamás va a pagar esa cirugía.

Esto no es una discusión contable. Es una discusión sobre justicia. El hospital público es el último derecho que le queda al que perdió todos los demás. Que lo usen gratis empresas que facturan millones y cobran cuotas cada vez más caras es un despojo.

Lo que hay que hacer

Que quede claro, porque acá se juega mala fe muchas veces: el hospital público tiene que atender a todo el mundo, siempre, sin preguntar nada primero. Nadie puede ser rechazado por no tener papeles, ni demorado mientras se verifica una cobertura. Eso no se toca y no se discute.

Lo que sí hay que hacer es cobrarle a quien tiene que pagar. Cinco medidas concretas:

1. Acreditación de cobertura en la admisión, siempre. Con cruce en línea con ANSES y con la Superintendencia de Servicios de Salud al momento del ingreso. No para negar la atención: para poder facturarla después. Hoy se pierde plata simplemente porque nadie registró el dato.

2. Certificación negativa de ANSES para quien declara no tener cobertura, y que se cumpla de una vez. No como condición para ser atendido, sino como registro que blinda el recupero. La norma o la práctica ya lo prevén para la atención programada; el problema es que no se aplica. Y hay que completarla: la certificación negativa acredita que no hay obra social, pero no necesariamente detecta una prepaga contratada de forma directa. Por eso el cruce debe hacerse también contra los padrones de la Superintendencia de Servicios de Salud.

3. Identificación obligatoria del origen laboral o vial de cada ingreso, con facturación directa a la ART o a la aseguradora. Ese rubro es plata cantada que hoy se está regalando.

4. Facturación con plazos, intereses por mora y publicación trimestral del listado de deudores. Que se sepa qué obra social y qué prepaga le debe cuánto al sistema público de Mendoza. La transparencia cobra más rápido que cualquier abogado.

5. Que Mendoza reclame formalmente al Estado nacional la restitución del mecanismo automático de pago. Ninguna provincia puede sostener sola un sistema que a nivel nacional fue convertido en una negociación entre privados.

El fondo del asunto

Actualizar un nomenclador está bien. Pero es apenas la mitad del trabajo. Un arancel que no se factura vale cero, y una factura que no se cobra vale menos todavía.

Cada peso que la obra social o la prepaga no paga es un insumo que falta, un turno que se demora, un cargo que no se cubre. La salud pública no se defiende solo con discursos: se defiende cobrándole a los que tienen que pagar y no pagan.

Dr. Mario Vadillo — Abogado especialista en defensa del consumidor y del usuario de servicios públicos. Mendoza.