La corrupción no empieza cuando un juez abre un expediente. Empieza mucho antes.
Empieza cuando un funcionario cree que no le debe explicaciones a nadie. Cuando el poder responde con agravios en lugar de respuestas. Cuando se persigue al que pregunta y se blinda al que manda.
Eso es, exactamente, lo que vimos.
La carta de renuncia de Adorni lo confirma sin querer: páginas enteras para hablar de su dolor, de los medios y de su familia, y ni una sola para responder —con pruebas— las preguntas concretas que se le hicieron. La víctima reemplaza al funcionario. El relato reemplaza a la rendición de cuentas. «No hay un solo hecho de corrupción», dice; pero a las preguntas no se las contesta con un comunicado: se las contesta con documentación.
Y mientras crecían los cuestionamientos, Javier Milei eligió sostenerlo. El PRO acompañó el blindaje. Y aliados radicales como Alfredo Cornejo volvieron a mostrar que, para cierta dirigencia, la transparencia depende del color político del investigado.
Los que llegaron prometiendo terminar con la casta hicieron lo que durante años denunciaron: cerrar filas para proteger a uno de los suyos.
Porque la corrupción no necesita solo funcionarios dispuestos a cruzar el límite. Necesita dirigentes que callen, legisladores que miren para otro lado, militantes que justifiquen lo injustificable y ciudadanos que se acostumbren al doble discurso.
La corrupción no tiene ideología. Tiene método.
Y su método es simple: reemplazar los controles por obediencia, la verdad por relato y la ética por conveniencia.
Hoy fue Adorni. Ayer fueron otros. Y mañana serán otros más —si seguimos tolerando que quienes prometen una revolución moral terminen gobernando igual que aquellos a los que juraron combatir.
Porque la verdadera casta nunca fue un partido.
Es la impunidad del poder cuando decide protegerse a sí mismo.
