Mendoza al límite: el 15 a 25% que puede blindar la concentración en Malargüe

Mendoza ya tiene 1.344.090 hectáreas rurales en manos extranjeras. Es el 9,06% de la superficie provincial. Y no está repartido: dos de cada tres hectáreas extranjerizadas de la provincia se concentran en apenas tres departamentos del sur —Malargüe, San Rafael y General Alvear—, con Malargüe a la cabeza y pisando el límite legal actual.

Este jueves el Senado nacional trata, por quinta vez, el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. El capítulo que trabó todo, tres veces en el recinto, es el de tierras rurales. Y lo que iba a ser una eliminación lisa y llana del tope terminó, por falta de votos, en otra cosa: subir el límite del 15% al 25% por provincia. Parece un detalle técnico. No lo es. La discusión de fondo no es el número. Es qué tierra específica queda adentro de ese número.

El departamento que ya está en el límite

Malargüe tiene 608.739 hectáreas en manos extranjeras: el 14,74% de su territorio rural, a centésimas del 15% que fija hoy la Ley 26.737. Es el departamento más grande de Mendoza —41.317 km², más de un cuarto de la superficie provincial— y el segundo más extenso del país, detrás de Deseado en Santa Cruz.

Si el Senado aprueba el 25%, en Malargüe se habilita margen legal para sumar más de 400.000 hectáreas extranjerizadas adicionales antes de tocar el nuevo techo. Y ese margen no se va a llenar con estepa vacía.

Lo que hay adentro de las 500.000 hectáreas que controla un solo grupo extranjero

El Grupo Walbrook —un holding de origen británico sostenido con capitales malayos, no un fondo malayo puro como a veces se simplifica— controla, a través de Nieves de Mendoza S.A. y sociedades vinculadas, aproximadamente medio millón de hectáreas en el sur mendocino. Es dueño del 97% de las acciones del centro de esquí Las Leñas. Esto es lo que hay adentro de ese perímetro:

• Cabeceras de cuenca. Los Molles, Valle Hermoso, Campo El Álamo y Agua del Toro están asentados sobre las nacientes de los ríos Grande, Salado, Tordillo y Cobre. No es tierra de secano: son las cabeceras que alimentan el sistema hídrico del sur provincial. Un informe conjunto de la UBA y el CONICET identificó que la posesión extranjera en Malargüe coincide sistemáticamente con cabeceras de cuenca y con glaciares y periglaciares, en una provincia con estrés hídrico estructural.
• El polígono minero más grande de la provincia. El Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) delimita unos 20.000 km² —casi 2 millones de hectáreas— para agilizar la exploración de cobre, mineral crítico para la transición energética. Ahí conviven más de 200 permisos mineros y una primera tanda de 27 proyectos aprobados, con Cerro Amarillo e Hierro Indio como los de mayor avance.
• Corredor internacional hacia Chile. El Paso Pehuenche conecta Malargüe con Talca a 2.553 metros de altura y forma parte del proyectado Corredor Bioceánico entre Bahía Blanca y los puertos chilenos de San Antonio y Valparaíso. Hoy está habilitado para turismo y cargas de lastre, y se estudia su ampliación a carga comercial pesada: es un activo estratégico en desarrollo, no todavía un corredor de tráfico masivo consolidado.
• El principal polo turístico de montaña del sur argentino. Las Leñas, Los Molles, Valle Hermoso, el Pozo de las Ánimas y la Laguna de la Niña Encantada dependen, para el acceso, de infraestructura vial que atraviesa tierra de propiedad privada extranjera.

No compran los 20.000 km² de estepa que rodean el volcán Payún Matrú. Compran, específicamente, las cabeceras de cuenca, el polígono minero y los accesos al paso internacional.

No es solo Malargüe: el mismo patrón se repite en todo el país

El caso mendocino no es una excepción, es la regla. El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la UBA, mapeó 36 departamentos que ya superan el techo legal del 15% y encontró una constante: donde se cruza alta extranjerización con agua, glaciares, minerales o fronteras, casi nunca es casualidad. Algunos ejemplos verificados:

• Lácar (Neuquén) — 54,17%. 257.346 de sus 475.095 hectáreas están en manos extranjeras, con capitales de Estados Unidos a la cabeza (30,37% del departamento); solo las familias Sharp y Turner concentran más de 100.000 hectáreas. Es zona de lagos y bosques andino-patagónicos, con San Martín de los Andes como epicentro turístico.
• General Lamadrid (La Rioja) — entre 56,7% y 57%. Seis proyectos mineros previstos en zonas con presencia de glaciares y ambientes periglaciares.
• San Carlos y Molinos (Salta) — 60% y 58%. Ambos concentran glaciares de escombros —clave para regular las cuencas hídricas de los valles intermontanos— y cuatro proyectos mineros previstos en esa misma zona.
• Iglesia (San Juan) — cerca del 25%. Casi 11.000 hectáreas de superficie glaciar, con dos proyectos mineros ya en operación y once previstos: la misma superposición de cordillera, agua y minería que se repite en Malargüe.
• Iguazú (Misiones) — cerca del 40%. 114.400 hectáreas extranjerizadas sobre la Triple Frontera con Brasil y Paraguay, dentro de la Selva Paranaense y sobre la cuenca del río Paraná, con el principal destino turístico internacional de la provincia —las Cataratas— en esa misma área.
• Corredor del río Paraná (Misiones, Corrientes, Entre Ríos). La forestal chilena Arauco, a través de Alto Paraná S.A. y sociedades vinculadas, es propietaria de más de 240.000 hectáreas concentradas en los departamentos con frente sobre la principal vía navegable del país.

El propio Observatorio lo resume con una frase que le cabe letra por letra a Malargüe: la mecánica es siempre la misma, tierras de frontera o ricas en recursos minerales e hídricos. Subir el tope del 15% al 25% no amplía el margen en el promedio nacional —hoy en el 5% o 6%—, lo amplía exactamente en estos puntos, que son los que ya están al límite.

Lo que cambia y lo que no cambia con la nueva ley

El proyecto que llega al Senado prohíbe la compra de tierras por personas jurídicas con participación estatal extranjera, salvo autorización conjunta de Nación y provincia. Endurece los controles en zonas de frontera. Elimina el “silencio administrativo positivo” que tenían versiones anteriores del texto, que hubiera dejado una autorización aprobada por default si el Estado no respondía a tiempo.

Pero el eje de fondo sigue siendo el mismo: correr el techo nacional del 15 al 25% y delegar en las provincias la potestad de fijar un límite más bajo si quieren ejercerla. La pregunta que le cabe a la Legislatura mendocina no es si el Congreso nacional va a subir el tope —probablemente lo haga esta semana—, sino si Mendoza va a usar esa facultad provincial para poner un piso más estricto en Malargüe antes de que el nuevo régimen nacional quede firme. Hoy esa discusión no está instalada.

Un debate que no es solo de números

El 77% de los argentinos está a favor de limitar la compra de tierras a extranjeros, según una encuesta reciente. Y en el propio Senado, antes del giro hacia el 25%, el bloque peronista contaba con 35 de sus 36 senadores dispuestos a bloquear la eliminación lisa del límite. El oficialismo cedió porque no tenía los votos, no porque haya cambiado el diagnóstico.

Lo que está en juego en Malargüe —y en Lácar, en Iglesia, en San Carlos, en Iguazú— no es quién figura en una escritura. Es quién controla los caminos, las cuencas, los accesos a los proyectos mineros y a los pasos internacionales. Eso no se mide en el porcentaje de la ley. Se mide en la capacidad de condicionar el desarrollo de esos territorios durante las próximas décadas, tenga la tierra el nombre que tenga en el título de propiedad.