Las topadoras no siempre son sinónimo de destrucción. En este video se ve una que está rescatando un olivo centenario para trasladarlo a un vivero, donde lo van a recibir y reproducir. Es el modelo que ya funciona en Mendoza y que el Estado todavía no convirtió en regla.
La topadora que salva
Lo que muestra el video no es una destrucción: es un rescate. La máquina está extrayendo con cuidado un olivo centenario de una finca histórica que va a transformarse en barrio privado, para llevarlo a un vivero donde lo van a recibir, arraigar y volver a producir. Hace diez años el mismo árbol habría terminado convertido en leña; hoy, cuando hay quien lo recibe del otro lado, la topadora deja de ser sentencia de muerte y se vuelve mudanza.
Ese cambio no es magia: lo sostienen tres proyectos privados que se transformaron en la red receptora del rescate olivícola mendocino. Gabriel Guardia, con La Guardería de Olivos en Maipú, presentado como el primer proyecto de rescate de olivos centenarios de América Latina. La familia Cicero, con un santuario que ya alberga más de cinco mil olivos rescatados. Y Pablo Flores, de Olivícola La Rapa, que puso cincuenta hectáreas de tierra apta a disposición de las desarrolladoras inmobiliarias que erradican ejemplares. Los tres demuestran que el modelo funciona técnica y económicamente: un olivo bien trasplantado vuelve a producir en cuatro o cinco años, y el aceite virgen extra que se elabora con ejemplares centenarios alcanza precios premium en el mercado internacional.
El olivo como inversión
Quien rescata un olivo centenario no está haciendo caridad ambiental. Está invirtiendo. Esos árboles llegaron a Mendoza hace más de cien años, traídos en macetones por inmigrantes desde España, Italia y el Líbano, y cargan variedades antiguas que en muchos casos ya no se cultivan en sus países de origen. Es material genético irrepetible, y es la base sobre la que la olivicultura mendocina puede volver a competir en el segmento de alta gama. El modelo de apadrinamiento que ofrece La Guardería —adoptar un olivo rescatado con nombre propio— transforma además la preservación en una vía de inversión accesible para particulares.
Lo que falta es la ley
Mendoza tiene marco general de uso del suelo —la Ley 8051 de Ordenamiento Territorial y la Ley 8999 del Plan Provincial—, pero ninguna de las dos contiene una protección específica sobre el patrimonio vegetal centenario en suelos productivos que cambian de destino. Tampoco lo hacen las normas municipales, salvo excepciones. Mientras el arbolado público urbano sí tiene protección expresa y multas por tala no autorizada, un olivo centenario plantado en una finca privada vale, jurídicamente, menos que un fresno municipal de veinte años plantado en la cuadra de al lado.
La propuesta que viene impulsando Pablo Flores apunta a corregir ese vacío con una lógica simple: que cuando un proyecto inmobiliario implique la erradicación de olivos centenarios, el desarrollador esté obligado por norma a coordinar el traslado a un predio receptor —público o privado— antes de cortar. El costo del traslado, a cargo del desarrollador. La fiscalización, del municipio. La sanción ante el incumplimiento, equivalente a la prevista para la tala ilegal de arbolado público. No es prohibir el desarrollo. Es internalizar en el negocio inmobiliario el costo de preservar lo que tardó un siglo en formarse.
El rescate ya funciona; lo demostraron Guardia, Cicero y Flores. Lo que falta es la norma que convierta el modelo voluntario en estándar antes de que el siguiente loteo termine el trabajo que ya empezó en demasiadas hectáreas de Maipú, Guaymallén y Luján.
Mario Vadillo
