El vocero presidencial Manuel Adorni tuvo que salir a desmentirlo hoy mismo, 25 de junio de 2026, en su conferencia de prensa: videos que muestran al ministro de Economía Luis Caputo —y al propio presidente Javier Milei— recomendando invertir en una plataforma llamada “PrimeAurora” son completamente falsos. Fabricados con inteligencia artificial. Y se están viralizando ahora mismo en redes sociales con un solo objetivo: robarte el dinero.
Como abogado del consumidor, vengo advirtiendo sobre estafas digitales desde hace años. Pero esta modalidad tiene algo que la hace especialmente peligrosa: usa la imagen de los funcionarios más visibles del país para construir una apariencia de legitimidad institucional que resulta muy difícil de distinguir a simple vista. El video dura más de diez minutos, está muy bien producido, y el “ministro” explica con detalle cómo depositar $230.000 para obtener rendimientos de hasta $30.000 diarios. Es mentira. Todo es mentira.
Cómo funciona la trampa
La Comisión Nacional de Valores (CNV) ya emitió una alerta formal al público inversor. El esquema responde a un patrón claro que se repite en estas estafas:
- El anzuelo: un video en redes sociales —normalmente como publicidad paga— muestra a un funcionario o personalidad conocida respaldando una plataforma de inversión con “altos rendimientos garantizados”.
- El gancho: se pide una inversión inicial —$230.000 en este caso— para acceder a supuestas ganancias extraordinarias de hasta $30.000 por día.
- La trampa: una vez que transferís, aparecen nuevos pretextos: “impuestos de la plataforma”, “comisiones de habilitación”, “verificación de identidad”. Cada excusa suma una nueva transferencia.
- El cierre: cuando intentás retirar el dinero, la plataforma desaparece o pone obstáculos infinitos. El dinero no vuelve.
Lo que diferencia esta generación de estafas de las anteriores es la tecnología. Con segundos de audio o video de una persona pública, la inteligencia artificial puede clonar voz y rostro con una fidelidad impactante. Las herramientas están disponibles de forma gratuita. El resultado engaña incluso a personas que conocen perfectamente a quien está siendo imitado.
Qué dice la ley
Este tipo de fraude configura, como mínimo, estafa informática tipificada en el artículo 173 inciso 16 del Código Penal, con penas de hasta seis años de prisión. El uso no autorizado de la imagen de una persona real con fines lucrativos viola además la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual y los derechos personalísimos reconocidos por el artículo 52 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Pero seamos honestos: el derecho penal tarda. Mientras los procesos avanzan, la víctima ya perdió el dinero. Por eso la prevención es lo único que actúa en tiempo real, y por eso es importante que este tipo de alertas llegue a la mayor cantidad de personas posible hoy mismo.
Lo que tenés que hacer ahora mismo
- Si recibiste el video: no lo compartas, no hagas clic en ningún link y no completes ningún formulario. Reportalo como contenido falso en la plataforma donde lo viste.
- Si ya transferiste: llamá de inmediato a tu banco o billetera virtual y pedí la reversión de la transferencia. El tiempo es crítico: las primeras horas son las únicas con posibilidad real de recuperar algo.
- Denunciá: ante la CNV (cnv.gob.ar), el Ministerio Público Fiscal (fiscales.gob.ar) y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). También podés radicar la denuncia policial en la comisaría más cercana.
- Avisá a tu familia: los adultos mayores son el blanco principal de estas estafas. Mostrales el desmentido oficial del vocero presidencial y explicales que ningún funcionario recomienda inversiones a través de videos en redes sociales.
- Principio básico: ninguna plataforma de inversión seria pide dinero inicial para “desbloquear” ganancias. Si promete rendimientos garantizados con urgencia, es estafa.
La responsabilidad de las plataformas digitales
Hay algo que no podemos dejar de señalar: estos videos deepfake no llegan solos a los usuarios. Se distribuyen como publicidad paga en Meta, YouTube y X. Las plataformas cobran dinero por mostrar ese contenido fraudulento y, cuando el daño está hecho, invocan que “no pueden controlar todo”. Esa posición es cada vez menos sostenible jurídicamente. El artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor establece responsabilidad solidaria para todos los integrantes de la cadena de comercialización de un producto o servicio que causa daño. Quien publicita una estafa y cobra por ello difícilmente pueda quedar al margen de esa responsabilidad.
La Fiscalía ya intervino en casos similares. El camino legal existe. Lo que falta es que las plataformas asuman su rol antes de que un juez se los imponga.
Si fuiste víctima de esta u otra estafa digital, o si querés orientación sobre cómo proceder, escribime a través del sitio. Actuar rápido marca toda la diferencia.
