El Gobierno de Mendoza promulgó la Ley 9650, que autoriza al gobernador Alfredo Cornejo a contraer un endeudamiento externo de 160 millones de dólares con organismos multilaterales —principalmente el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe)— con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. El destino declarado es concreto: 85 millones para modernizar el sistema de salud provincial y 75 millones para digitalización educativa.
Lo digo con la claridad que me da haber sido legislador: endeudarse con organismos multilaterales no es necesariamente malo. Las tasas suelen ser más bajas que las del mercado, los plazos más largos y, en teoría, estos organismos exigen estándares de control en la ejecución de los fondos. Pero como mendocinos que usamos el sistema de salud pública y mandamos a nuestros hijos a escuelas del Estado, tenemos todo el derecho de hacer tres preguntas simples: ¿para qué exactamente es la plata, quién la controla y cuándo y cómo la vamos a devolver?
¿Qué dice la Ley 9650?
La norma habilita al Ejecutivo provincial a contraer deuda externa por hasta 160 millones de dólares, distribuidos de la siguiente manera:
- USD 85 millones para salud: modernización de infraestructura hospitalaria y sistemas de gestión sanitaria en la provincia.
- USD 75 millones para educación: digitalización del sistema educativo y equipamiento en establecimientos escolares.
El financiamiento proviene del BID y la CAF. La autorización rige hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que le da al Ejecutivo margen para negociar los términos durante el segundo semestre del año.
La pregunta de fondo: ¿quién paga?
Mendoza arrastra una deuda pública que, año a año, se refinancia en lugar de reducirse. En 2026, la provincia vuelve a hacer lo que se conoce como roll over: pagar vencimientos con nueva deuda. El financiamiento multilateral permite aplazar la presión fiscal, pero no eliminarla. Cada dólar que se toma hoy es un dólar —más intereses— que los mendocinos vamos a devolver en el futuro, sea a través de más impuestos, menores servicios o ajuste del gasto público.
No digo que este crédito esté mal. Digo que los ciudadanos tienen derecho a saber si esos 160 millones de dólares van a impactar en la vida concreta de los mendocinos de a pie. ¿Significa más camas en el Hospital Central, mejor atención en el interior de la provincia? ¿Conectividad real para escuelas rurales en el sur o el este mendocino? Esas son las preguntas que la Legislatura debería haber respondido con más detalle, y que el Ejecutivo debe comprometerse a responder con transparencia durante la ejecución.
Tu derecho a pedir cuentas
La Ley de Acceso a la Información Pública —tanto la nacional (Ley 27.275) como la provincial— garantiza que cualquier ciudadano puede pedir el detalle de cómo se ejecuta el gasto. Si dentro de seis meses querés saber cuánto de esos 85 millones de dólares llegó efectivamente a un hospital de Mendoza, tenés derecho a pedirlo.
El mecanismo es simple: presentás una solicitud formal ante el organismo ejecutor. El plazo de respuesta es de 30 días hábiles. Si no te responden, tenés herramientas para reclamar ante la Defensoría del Pueblo o la Justicia. El control ciudadano del gasto público no es un privilegio: es la contraparte lógica de cualquier deuda que el Estado toma en nombre de todos nosotros.
Lo que voy a seguir de cerca
Como ex legislador y abogado del consumidor, me preocupan especialmente dos cosas. La primera: los procesos de contratación. Los créditos multilaterales tienen sus propios reglamentos de compras que, en algunos casos, pueden favorecer a contratistas internacionales y excluir a empresas locales. La segunda: si el ahorro financiero que genera este crédito —comparado con endeudarse a tasas de mercado— se traduce en mejores servicios o simplemente reduce el costo del Gobierno sin impacto visible para los vecinos.
Mendoza cuenta con instituciones de control —el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado, la Defensoría del Pueblo— que tienen la obligación de garantizar la trazabilidad de estos fondos. Si esas instituciones hacen su trabajo, el crédito puede ser una herramienta valiosa. Si no lo hacen, es solo deuda que algún día vamos a pagar entre todos.
Si querés saber cómo ejercer tu derecho de acceso a la información pública en Mendoza, o tenés preguntas sobre cómo se controla el gasto del Estado provincial, escribime.
Fuentes: El Editor Mendoza; El Sol.
