El presidente de AYSAM concedió una entrevista larga. Habló de colectores de 47 años, de material árido, de empresas brasileras, de actas acuerdo y de financiamiento BID. Habló mucho. Y sin quererlo, confirmó cada uno de los puntos que desde este espacio venimos denunciando hace meses.
La multa existe. Y la pagan los usuarios.
Mingorance admitió que la Resolución 481 de Irrigación lo sorprendió por sus “términos duros”. Habló de “vertido clandestino de extrema gravedad” y “daño directo al recurso hídrico público” — no son palabras nuestras, son las del organismo de control. La multa es de 100.000 UFA. Ya explicamos en su momento cómo funciona ese mecanismo: AYSAM la paga con la tarifa que cobran a los usuarios. El que contamina no paga. Pagan los vecinos que no tienen agua potable.
Lo que Mingorance no explicó es por qué la multa está “en suspenso” después de que Irrigación y AYSAM firmaron un acta acuerdo. Dos organismos del Estado provincial, uno sanciona y el otro es sancionado, y después se sientan a firmar papeles juntos. Eso no es resolución de conflictos. Es lo que llamamos conflicto de intereses estructural: Irrigación no puede ser juez y parte al mismo tiempo.
47 años de colector. ¿Y recién ahora?
La explicación técnica de Mingorance es correcta en sus datos y devastadora en sus implicancias. El colector tiene 47 años. Fue diseñado para 180.000 habitantes y hoy soporta 580.000. Las obras de largo plazo se definieron hace 8 años. El financiamiento del ENOHSA se cayó con el gobierno nacional. La empresa para limpiar el material árido no existe en Argentina y tuvieron que traerla de Brasil.
Todo eso es cierto. Y todo eso confirma décadas de desinversión, planificación deficiente y ausencia de mantenimiento preventivo. Mingorance lo dice con otras palabras: “Me tocó este momento crítico”. Lo que no dice es que AYSAM cobró tarifas durante esas décadas. Tarifas que entre 2019 y 2024 aumentaron más del 440%. Y el colector siguió pudriéndose.
“Tal vez se podría haber mitigado antes.”
Es la frase más importante de toda la entrevista. El periodista le preguntó tres veces si no se podría haber actuado antes. Las tres veces Mingorance respondió con argumentos técnicos. Pero en un momento, casi de paso, dijo: “Tal vez lo podríamos haber mitigado dos o tres meses antes, puede ser”.
En Los Corralitos hay dos jardines de infantes, una escuela primaria y un punto digital municipal. Los chicos cruzaban sobre efluentes cloacales para entrar al aula. Llevaba tres semanas así cuando lo denunciamos. Dos o tres meses antes significan vecinos que podrían haber sido protegidos. Esa admisión no tiene respuesta técnica.
La Justicia y el acta acuerdo.
Mingorance cierra con una frase que resume su estrategia judicial: “Le mostraremos a la Justicia que las acciones que hemos hecho están dando resultado”. Es decir: el argumento de defensa en la causa penal es que están trabajando.
Ese argumento puede funcionar para atenuar responsabilidad futura. No borra la responsabilidad pasada. La contaminación ocurrió. La imputación existe. Las obras en curso no retrotraen el daño ya producido en los canales de riego, en la tierra y en la salud de los vecinos que vivieron meses con efluentes cloacales en la calle.
Lo que Mingorance mostró en esta entrevista es que AYSAM tiene capacidad de gestión cuando el problema ya es judicial y mediático. La pregunta que nadie le hizo es por qué esa misma capacidad no apareció antes.
