Esta semana la CNEA y el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza abrieron Sierra Pintada a la prensa. Mostraron la mina, hablaron de reactivar el uranio y posaron para la foto. Lo que no mostraron es la plata para sacar los más de 5.200 tambores radiactivos que siguen enterrados ahí. Porque no la hay: en mayo el Gobierno nacional le recortó 600 millones de pesos a la remediación. Te abren las puertas para el negocio, pero no abren la billetera para el saneamiento. Eso, en criollo, es puro humo.
La recorrida llegó en un momento muy preciso. El Gobierno nacional volvió a poner el uranio en el centro de su plan energético, esta vez con el argumento de moda: alimentar la demanda eléctrica de los centros de datos de la inteligencia artificial. Sierra Pintada, con sus reservas, vuelve a sonar como yacimiento estratégico. Y entonces aparecen las visitas guiadas, las fotos y la palabra “reactivación”. Lo que no aparece es lo primero que habría que resolver.
El pasivo que no se arregla con una visita guiada
- Qué es: el mayor depósito de uranio del país, en el departamento de San Rafael, operado por la CNEA entre 1975 y 1997.
- La herencia tóxica: unos 5.200 tambores de 200 litros con uranio residual, canteras con agua contaminada con uranio, radio y arsénico, y roca estéril a la intemperie.
- Lo que mandó la Justicia: en 2010 la Corte Suprema ordenó a la CNEA remediar esos pasivos y condicionó cualquier reactivación a sanear primero.
- Lo que hizo el Gobierno: en mayo de 2026, por decisión administrativa firmada por Caputo y Adorni, recortó unos 600 millones de pesos de la partida de remediación.
- Lo que admite la propia CNEA: hoy solo se tratan los pasivos “prioritarios”; el resto queda “para futuras etapas”. Es decir, remediación parcial, sin plan de cierre integral.
- Dónde está el riesgo: a metros de cuencas hídricas que llegan a San Rafael y al sistema del río Atuel, y en una zona de actividad sísmica.
El orden está al revés
Acá está el nudo de todo. La Corte fue clara hace quince años: primero se remedia, después se discute reactivar. No al revés. Lo que estamos viendo es exactamente lo contrario. Se promociona la reapertura, se invita a la prensa a recorrer el complejo, se habla del uranio como gran negocio del siglo, y mientras tanto se desfinancia la única obligación que un fallo firme dejó escrita: sacar los residuos y sanear el predio. Primero el negocio, después se verá lo de la salud. Ese orden no lo fijó la naturaleza ni la técnica: lo eligió la política.
Por qué el monto es una ficción
Reparar Sierra Pintada no es pintar una pared. Es una tarea tambor por tambor: hay que abrir, lavar, tratar y confinar más de cinco mil recipientes con material radiactivo, además de tratar el agua de cantera cargada de uranio, radio y arsénico y construir un dique de disposición final con múltiples barreras. Es una obra industrial de años. Para dimensionar de qué hablamos: el programa nacional de restitución ambiental de la minería del uranio se financió en su momento con un préstamo del Banco Mundial de 70 millones de dólares. Frente a eso, una partida de unos 600 millones de pesos no alcanza ni para empezar en serio. Y ni siquiera esa quedó: la borraron de un plumazo.
Por eso conviene no comprar el relato de la recorrida. Que dejen entrar a los periodistas no significa que estén remediando. Significa que necesitan mostrar movimiento mientras preparan el terreno para lo que de verdad les interesa, que es volver a extraer. El financiamiento real, el cronograma serio, el compromiso de cierre integral del pasivo: nada de eso se mostró, porque nada de eso está garantizado.
San Rafael no puede ser la variable de ajuste
Lo vengo diciendo desde hace tiempo y lo sostengo: San Rafael convive con un basurero nuclear a cielo abierto. No es una metáfora de campaña. Son miles de tambores con uranio enterrados antes de que existiera la ley ambiental, en una zona sísmica, a tiro de las cuencas que abastecen de agua a la región. Un movimiento de tierra, una filtración, un dique que falla, y el problema deja de ser técnico para volverse sanitario. El que paga esa cuenta no es la CNEA ni el ministro que firma el recorte: es el sanrafaelino que abre la canilla.
Que reactiven o no la mina es una discusión que puede darse. Pero después, no antes, y nunca a costa de saltearse el saneamiento que ordenó la Corte. La prioridad de un Estado serio frente a 5.200 tambores radiactivos no es la foto: es la partida presupuestaria, el cronograma y el control. Mientras eso no aparezca, todo lo demás es humo. Y el humo, en Sierra Pintada, es lo último que uno quiere ver.
Mario Vadillo
