La Resolución 12/2026 del Gobierno nacional, publicada el 9 de junio de 2026, eliminó entre sus 58 normas derogadas las disposiciones que requerían que los colegios privados notificaran y obtuvieran autorización antes de ajustar sus cuotas. El Decreto 787/2025 ya había empezado ese camino en noviembre de 2025; la resolución de junio le dio el cierre definitivo.
El resultado concreto: los establecimientos de gestión privada ya no necesitan pedir permiso nacional para subir lo que cobrás mes a mes por la educación de tus hijos. Y con incrementos de más del 6% acumulado desde abril en algunas provincias, y nuevos ajustes previstos para junio y julio, la pregunta que llega a mi estudio es siempre la misma: ¿puedo hacer algo o tengo que aguantar?
La respuesta es que podés hacer bastante más de lo que creés.
Qué cambió exactamente con la nueva normativa
Antes de la Resolución 12/2026, existía un esquema que obligaba a los colegios privados a comunicar a las autoridades educativas cualquier aumento y, en muchos casos, aguardar aprobación o al menos notificación previa. Ahora ese requisito a nivel nacional desapareció.
Esto no significa que los colegios puedan cobrar cualquier cosa sin límite:
- Las provincias pueden mantener sus propios regímenes. Buenos Aires Provincia, por ejemplo, fijó un tope de 10% de aumento para el período junio-septiembre 2026. Mendoza y otras provincias tienen sus propios marcos regulatorios que no dependen de la norma nacional derogada.
- Los colegios con subvención estatal —la mayoría de los privados en Argentina— siguen condicionados a los acuerdos salariales docentes y a las condiciones que el Estado les impone a cambio de ese subsidio.
- Los contratos con las familias tienen protección específica bajo el derecho contractual y la Ley 24.240.
El problema real no es que los colegios ahora puedan hacer lo que quieran. El problema es que la familia se queda más sola para discutirlo.
Los derechos que todavía tenés
La relación entre una familia y un colegio privado ES una relación de consumo según nuestra legislación. Eso habilita toda la protección de la Ley 24.240:
- Derecho a la información previa: el establecimiento está obligado a notificarte cualquier aumento con suficiente anticipación, de forma clara y por escrito. Un comunicado enterrado en una app sin que quede constancia no cumple ese requisito.
- Prohibición de modificación unilateral sin aviso: no pueden cambiar el monto de la cuota de un mes para otro sin habértelo informado antes. Un cambio así en las condiciones del contrato puede ser impugnado.
- Prohibición de condicionar el acceso a clases: el colegio no puede impedirle el ingreso a tu hijo ni retenerle documentación (boletines, certificados) por deudas de cuota que estás discutiendo. Esa práctica es ilegal bajo la Ley de Educación Nacional y la Ley 24.240.
- Derecho al reclamo ante Defensa del Consumidor: si el colegio subió la cuota sin notificarte, si el monto supera lo autorizado por la provincia o si te aplican cargos que no estaban en el contrato original, podés denunciar en la oficina provincial de Defensa del Consumidor. La mediación es gratuita.
- Cláusulas abusivas: si el contrato original incluye cláusulas que te obligan a aceptar cualquier aumento sin límite y sin aviso, esas cláusulas pueden ser declaradas nulas por ser abusivas (art. 37 de la Ley 24.240).
Qué hacer si el aumento te supera
- Pedí el detalle por escrito: cuánto es el aumento, qué porcentaje, sobre qué base se calcula y desde cuándo rige. Si no te lo informan por escrito, ya estás ante una infracción.
- Consultá en la Dirección Provincial de Educación de tu provincia si hay un tope vigente para el período en curso. En Mendoza, el organismo competente es la Dirección General de Escuelas.
- Solicitá un plan de pago si el monto te supera. No están obligados a dártelo, pero la negativa puede ser relevante en un reclamo posterior.
- Denunciá en Defensa del Consumidor si el colegio no te informó el aumento con anticipación o si aplicó el incremento sin cumplir los requisitos provinciales.
- Si te retienen documentación o les prohíben el acceso a tus hijos: esa conducta justifica una medida cautelar urgente ante la justicia. No aceptes eso como si fuera legal, porque no lo es.
Lo que me preocupa de este escenario no es la desregulación en sí misma. Es que cuando el Estado retira su supervisión, quien más lo siente es siempre la familia que tiene menos tiempo, menos información y menos dinero para pelear. Un colegio sabe perfectamente que muy pocos padres van a cambiar a su hijo de escuela en pleno año lectivo, y esa asimetría es la que la regulación venía a equilibrar.
Sin el freno nacional, el equilibrio depende de que las familias conozcan sus derechos y los ejerzan. Por eso lo escribo.
Si el colegio de tu hijo subió la cuota de forma que te parece abusiva o ilegítima, o si te retuvieron documentación, escribime. El marco legal todavía tiene herramientas concretas para defenderte.
