En Santa Rosa no estamos hablando de números. Estamos hablando de personas.
Veintiocho trabajadores de Petroplast fueron despedidos después de dedicar entre 20 y 30 años de su vida a la empresa. Son hombres y mujeres que atravesaron crisis económicas, inflación, cambios de gobierno sin abandonar sus puestos de trabajo.
Pero lo que pasó no fue solo un ajuste económico.
Desde junio-julio de 2025, la empresa comenzó a no pagarles en tiempos. Los trabajadores acumulan deudas de 2 meses de salario, vacaciones, ropa de trabajo, viáticos. Según el chat interno de empleados que circula en Santa Rosa, continuaron trabajando aun cuando Petroplast incumplía sus obligaciones porque creían que estaban ayudando a sostener la fuente laboral de sus vecinos.
Hoy la recompensa fue un telegrama de despido.
Y esto ocurre en Santa Rosa, una comunidad pequeña donde cada puesto de trabajo perdido impacta mucho más que en una gran ciudad. Detrás de esos 28 despidos hay hijos, alquileres, créditos, comercios locales y familias enteras que dependen de esos ingresos.
Por eso la discusión ya no es solamente laboral
La pregunta que empieza a recorrer la Zona Este es otra: ¿qué está pasando realmente detrás de Petroplast?
Los trabajadores sostienen que la planta nunca dejó de producir completamente. También afirman que existían expectativas de nuevos contratos y nuevas actividades. Sin embargo, fueron despedidos invocando la situación económica general del país.
Pero los mismos trabajadores denuncian en su chat que “la empresa mal o bien nunca dejó de trabajar a nosotros los empleados desde junio julio del 2025 que empezaron a no pagarnos en tiempos.” Y agregan lo crucial: “Los despidos son sin causas.”
Y es allí donde aparecen las dudas que nadie parece dispuesto a responder.
Porque mientras 28 familias quedan en la incertidumbre, los mendocinos observan cómo detrás de la empresa aparecen grupos empresarios con enorme influencia económica y una larga historia de participación en contratos y obras financiadas por el Estado provincial.
CEOSA: más de $500 millones en obras del Portezuelo del Viento
Petroplast acaba de ser adquirida por el Grupo CEOSA, la constructora de Fernando Porreta, presidente de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Pero CEOSA no es una empresa más.
CEOSA es el grupo que capturó la mayor tajada de los fondos redireccionados del fallido Portezuelo del Viento: más de $500 millones en obras. Bajo la gestión de Alfredo Cornejo, la firma consolidó su control sobre contratos estratégicos como el Tren de Cercanías, la Ruta 40 y otros proyectos de infraestructura provincial.
El análisis de registros oficiales de la Subsecretaría de Infraestructura reveló que la distribución de estos fondos no fue capilar, sino que se estancó en la cima de la pirámide empresarial mendocina. CEOSA y otra empresa controlaron la inmensa mayoría de los $339 millones de dólares en obras adjudicadas.
Esto no es casualidad. Es concentración de poder.
La persecución sindical es la pista
Los trabajadores de NOSTIP han denunciado que los despidos apuntan directamente a delegados sindicales, integrantes de comisión directiva y trabajadores con extensa antigüedad. Es decir: no es un ajuste económico. Es persecución sindical.
Los trabajadores en el chat son claros: “Desde ya sabemos que esto está muy complicado sumándose que Cornejo tiene todo. En su favor (jueces) hasta para reclamos a las ART, sabemos que son polizadas.”
Y hay algo más inquietante aún. Según fuentes sindicales, CEOSA ha realizado manifestaciones públicas respecto de futuros proyectos que requerirían exactamente los productos que Petroplast está en condiciones de fabricar. ¿Vaciamiento? ¿Reposicionamiento? ¿Concentración de poder en manos de un grupo con influencia judicial? La empresa no aclara.
La lucha continúa en la ruta 50
Los trabajadores han realizado asambleas y manifestaciones en la puerta de la fábrica, en la Ruta Provincial 50, kilómetro 1.005. Su lucha es clara: explicaciones, respuestas y preservación de fuentes de trabajo.
Los silencios institucionales
Cuando los trabajadores necesitan respuestas, aparecen los silencios.
Cuando las familias reclaman explicaciones, aparecen los expedientes.
Y cuando los poderosos toman decisiones, los que terminan pagando las consecuencias son siempre los mismos.
Los trabajadores han solicitado formalmente a la Subsecretaría de Trabajo que se esclarezca:
— ¿Cuál es la situación económica real de la empresa?
— ¿Qué documentación respalda los argumentos utilizados para justificar los despidos?
— ¿Por qué no se activó un Procedimiento Preventivo de Crisis, que es el mecanismo legal previsto para situaciones económicas extraordinarias?
— ¿Cuál es la relación real entre CEOSA y Petroplast? ¿Es un vaciamiento o una inversión legítima?
— ¿Qué hizo la Subsecretaría de Trabajo para preservar el empleo?
— ¿Por qué el Gobierno provincial no ha dado explicaciones públicas sobre cómo se reasignarán los productos de Petroplast?
— ¿Cómo es posible que CEOSA, con historial de irregularidades en licitaciones, haya capturado $500 millones en obras?
Las víctimas no son los empresarios.
Las víctimas no son los funcionarios.
Las víctimas son las familias de Santa Rosa.
Y sus preguntas siguen sin respuesta.
